Los correos electrónicos intervenidos por la Policía han adquirido un papel fundamental en el caso. Especialmente, uno del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, en el que hablaba de las "miserias" del que fuera exconsejero delegado de la plataforma como miembro de la DGA, Carlos Escó. Es en este email en el que se apoya el juez instructor para imputarle y con él a un amigo suyo, al constructor Miguel Ángel Floría. Lo curioso, según el auto, es que si García Becerril tenía, al parecer, un pacto con Acciona, el político lo tenía con este hombre, llegando incluso a quitarle trabajos. Una práctica que, por ejemplo, supuso un sobrecoste de un 8% en el revestimiento de unas fachadas. También le acusa de comprar unos terrenos que perjudicaron a Plaza y dieron un beneficio de 430 millones a una constructora. Hubo desglose de facturas para evitar sospechas.
