El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, mantiene abierto un expediente de oficio con el objetivo de garantizar que no se hayan visto vulnerados los derechos de los ciudadanos aragoneses que han reclamado contra el ICA. Tomó esta decisión tras la resolución número 2018-01 de 25 de mayo del 2018 publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), en la que se daba respuesta conjunta a todas las reclamaciones al Instituto Aragonés del Agua sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas.
Dada la singularidad de esta resolución en cuanto a su forma, y existiendo en esta institución diversas quejas sobre el fondo de la cuestión en cuyos expedientes se ha podido constatar que la petición de los ciudadanos y la forma de realizarla ante la administración no es siempre coincidente, se ha decidido abrir un expediente de oficio para estudio y análisis de la resolución en cuanto a sus aspectos formales.
Dicho expediente no analizará el fondo del asunto, dado que sobre el mismo, ya existen diversas resoluciones del Justicia como resultado de quejas individuales de ciudadanos. Todo ello se realiza a fin de salvaguardar las posibles vulneraciones de derechos individuales de los ciudadanos recurrentes, en ejercicio de las facultades que le confieren al Justicia los artículos 1 y 13 de su Ley reguladora. En una resolución fechada el 25 de abril, solo cinco días después de su toma de posesión, en la que han trabajado tanto él como su antecesor, Fernando García Vicente, se afirma que mientras la Ley de Aguas y Ríos de Aragón disponga la obligación de pagar el impuesto y no sea derogada, modificada o reinterpretada por los tribunales «habrá que cumplir con el mandato que se establece en la Ley de Cortes de Aragón».
