Las reacciones a la paralización judicial del macroproyecto de Castanesa siguieron sucediéndose ayer entre los grupos políticos y los colectivos directamente afectados por la decisión. Gran parte de la atención estaba centrada en el actuar líder socialistas en Aragón, Javier Lambán, como miembro partido en el poder cuando se lanzó el proyecto. El secretario general del PSOE aragonés mostró su respeto a la sentencia de nulidad del Plan de Ordenación Urbana de Montanuy, pero lamentó la decisión.

Para Lambán, el anterior Ejecutivo "alumbró" el proyecto "con la sana intención de desarrollar una parte del territorio aragonés", y definió como "determinadas circunstancias" las carencias en los trámites medioambientales que han abocado al plan a ser "derrumbado por la Justicia".

En el Gobierno actual, según expuso el portavoz del PP en las Cortes, Antonio Torres, se tomarán las cosas con calma. Los servicios jurídicos de la DGA estudian desde anteayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para tomar una "decisión política" al respecto. Sobre el posible recurso, aseguró que "ya se verá después de los informes jurídicos".

Pero sí remarcó que para el Gobierno el turismo de nieve es un elemento "fundamental", y que el primer objetivo del Ejecutivo es "contribuir al desarrollo de la comunidad". Aprovechó para atacar a CHA e IU por su declarada intención de bloquear cualquier posible apelación: "Lo que sí sabemos son los partidos que no quieren desarrollar el Pirineo. No es el caso del PP".

Por su parte, Roque Vicente, presidente comarcal de la Ribagorzar por el PAR, convino en el respeto a la decisión judicial pero apostó por "seguir defendiendo la necesidad de inversiones en estas zonas de Aragón", para las que la nieve es un sector "estratégico". Defendió asimismo un desarrollo "equilibrado en lo social, lo económico y lo medioambiental".

Mientras la DGA y Aramón --según anunció anteayer-- comienzan a analizar el fallo de cara a la posible interposición de sus recursos, CHA e IU anunciaron ayer que pedirán al Gobierno (con una PNL) que no apele ante una decisión "bien razonada" y "firme", según la definió el portavoz de CHA en las Cortes, José Luis Soro. De presentarlos, opinó, el Gobierno se convertiría en "cómplice" del anterior.

Soro ironizó con la delicada situación en la que queda el consorcio Aramón: "Ahora, que el Gobierno de Aragón negocie la deuda con Ibercaja. Ahí seguro que la dación en pago les parece muy bien a todos", comentó.

El diputado de IU Luis Ángel Romero, por su parte, calificó que "salvajada" el Plan de Ordenación Urbana de Montanuy y recordó que su formación ya lo denunció ante la UE.

Donde sí encontraría apoyos un futuro recurso sería entre la Asociación para el Desarrollo de la Montaña, que agrupa a un centenar de vecinos de Montanuy. Cree que el plan es "imprescindible para garantizar la vida en estos pueblos". La asociación calificó el fallo de "mazazo" y amenaza de "despoblación".