Los vecinos de Andorra hicieron ayer una demostración de fuerza colectiva. Más de 3.000 personas, según estimaciones de la Policía Local y la Guardia Civil, se concentraron en el entorno del ayuntamiento de la villa minera con motivo de la esperada visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que fue recibida con abucheos, pitos y en un clima de máxima tensión, aunque no se produjeron incidentes relevantes. Ella pagó los platos rotos de la difícil situación que atraviesa esta comarca turolense por el fin del sector del carbón y la falta de alternativas económicas y laborales a pesar de dos décadas de infructuosos planes de reconversión. La protesta dejó patente que este municipio de 7.000 habitantes no se rinde ni va a permanecer de brazos cruzados.
Andorra no se vende, se defiende, y Queremos elegir donde vivir fueron algunos de los lemas más coreados por los manifestantes, que exhibieron múltiples pancartas reivincativas para mostrar su indignación por el negro futuro que le espera a este enclave de la provincia de Teruel. Especialmente fueron visibles los carteles de Se vende, que fueron repartidos por la asociación de empresarios de la comarca y colgaban de numerosos balcones y escaparates de comercios, muchos de los cuales cerraron parcialmente para dar su respaldo a la movilización.
CLIMA DE TENSIÓN
La plaza consistorial y las calles aledañas se llenaron de una marea intergeneracional que se desgañitó y lo dio todo para llamar la atención sobre las graves consecuencia que traerá consigo para esta localidad la clausura el próximo año de la central térmica de Endesa. La multitud permaneció en el lugar, Y eso, a pesar de las bajas temperaturas, durante las casi dos horas que la ministra estuvo en el ayuntamiento. Ribera fue nuevamente abroncada a su salida en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y algún encontronazo con los manifestantes.
En la protesta podían verse jubilados, estudiantes del instituto, comerciantes, profesionales de todo tipo y, sobre todo, trabajadores afectados directamente por la desaparición de la industria del carbón. Ese era el caso de Jonatan Vidallet, de 38 años, que hasta hace una semana estaba empleado en la mina de Foz-Calanda. «De momento nos han dado vacaciones y nos han dicho que a partir de febrero habrá más trabajo pero fuera de aquí», comentó. La situación se repite para él, ya en el 2012 sufrió el cierre de la explotación minera de Carbonífera del Ebro de Mequinenza. «Me tendré que volver a buscar la vida», lamentaba.
Pilar Pérez, esposa de minero jubilado, se sumó a la protesta «a luchar para que el pueblo y la comarca no se vayan a pique, que es lo que ocurrirá cuando cierre la térmica porque todo depende de ella». Lamenta asimismo que en todos estos años «los políticos no hayan logrado traer empresas que dén trabajo suficiente».
A pesar del ambiente enardecido, el presidente Javier Lambán no dudó en atravesar la zona de la protesta y conversar con algunos de los manifestantes. María José Bautista, vecina de Andorra, da fe de ello: «He hablado con él y nos ha pedido que demos dos meses de confianza al Gobierno para que traten de arreglar la situación».
El viaje de la ministra a tierras turolenses finalizó en Ariño en un ambiente mucho más sosegado. Ribera, acompañada de una nutrida comitiva institucional, se desplazó hasta el mirador de la mina de cielo abierto de Santa María, la última gran explotación de España, que cerró hace una semana. Por último, fue al ayuntamiento de este pueblo y reafirmó que esta visita no será balde.
