Es lo malo, o lo bueno, de designar como poncio a un intelectual; que, además de sus labores institucionales y policiales, tiene el vicio de pensar.
Javier Fernández, delegado del Gobierno en Aragón, es militar, profesor universitario y escritor (de hecho, fue uno de los fundadores de la Asociación Aragonesa de Escritores, institución, por cierto, que acaba de estrenar presidenta: Magdalena Lasala).
Consumado especialista en derecho constitucional y en los dos últimos siglos de nuestra historia política, Fernández ha dedicado muchos años a la investigación. Algunos de sus libros exponen con rigor y amenidad, pues escribe francamente bien, la escandalosa sucesión de pronunciamientos, algaradas y golpes de Estado que convirtieron el parlamentarismo del siglo XIX español en la extensión de un cuarto de banderas. Conocidas son sus tesis sobre el Alzamiento Nacional, o su opinión favorable a la retirada de la estatua de Franco de la Academia General Militar. Desde ayer, tras su discurso oficial, contamos también con su parecer sobre la Constitución española en vigor: puede y debe reformarse.
La enmienda constitucional está cantada desde el matrimonio de Felipe de Borbón. El hecho de que, en el plano sucesorio, haya nacido una princesa, Leonor --cuyo sexo, según pretendieron hacer creer los portavoces de la Casa Real, sólo se supo en el momento del alumbramiento--, y de que doña Letizia se encuentre embarazada de otra niña son, tan sólo, elementos dilatorios. Pues supondría, realmente, un escándalo, que el tercer embarazo, de producirse, hiciera concebir un varón a los herederos de la Corona, y que ese acontecimiento significara la aplicación de la ley Sálica a sus hermanas mayores (tal como en su día les sucedió a las Infantas).
La Carta Magna debería igualmente revisar el modelo de la España de las Autonomías, con sus dos vías diseñadas por Adolfo Suárez, la de primera y la de segunda categoría, y con su diferente articulación y su pautado acceso.
Dos Españas, en definitiva, que han venido conformándose a distintas velocidades. Aragón, nación histórica, fue condenada, como ustedes saben, al pelotón de autonomías uniprovinciales, sin rango histórico ni apenas tradición, lo que nos ha supuesto pérdidas económicas de un monto incalculable.
Tampoco ahora, pese a haber recuperado, al menos, la condición de nacionalidad histórica, goza nuestra comunidad de verdadero peso presupuestario y político.
Sobre este ejemplo, que tan bien conocemos, puede afirmarse, y demostrarse de manera empírica, científica, que la Constitución, lejos de velar por la igualdad de todas las comunidades autónomas, ha preestablecido, amparado y consagrado una larga serie de diferencias y agravios comparativos.
Otras reformas constitucionales deberían adecuar el texto a las nuevas realidades sociales, marcadas por el fenómeno creciente de la inmigración y los últimos tics de discriminación por razón de sexo. La Carta Magna, en definitiva, no puede ser intocable.
Escritor y periodista
