Europa es la actual excusa que utilizan nuestros responsables públicos para amparar sus actuaciones gubernamentales y legislativas, y más cuando estas son un desatino. Nos dicen que Europa está detrás de una norma que está preparando el Gobierno y que regulará tanto los servicios profesionales como las organizaciones de estos; se trata de la Ley de Servicio y Colegios Profesionales. Sin embargo el contenido del borrador es cosecha propia del Ministerio de Economía, extralimitándose de los escuetos y leves límites que impone Europa al respecto.
El acierto de tal texto es inexistente y hasta la fecha ha sido objeto de contestación y rechazo por parte de todos los sectores profesionales. Por algo será. Esperemos que otras organizaciones, por ejemplo las asociaciones de consumidores y usuarios, tengan oportunidad de examinar tal texto y adviertan las consecuencias que del mismo pueden derivarse para la defensa de los derechos ciudadanos. Esperemos igualmente que con esta norma y otras aprobadas y en preparación, el titular del ministerio no dé a nuestro país el destino que él, y otros altos mandatarios de Lheman Brothers, dieron a esta. (En 2008 este banco fue a la quiebra y constituyó el banderazo de salida de la actual crisis).
EL NACIMIENTO de esa ley ya fue peculiar: desde finales del año 2012 empezaron a circular borradores de la misma, y ya llevamos varios leídos. La técnica del globo-sonda.
Pero concretemos. Este borrador legal parte de premisas economicistas, pretendiendo con sus medidas incentivar la competitividad, y ello al limitar las barreras para acceder al ejercicio de las profesiones. Pero, en mi opinión, se olvida de lo más importante: de los intereses de los ciudadanos, especialmente de los consumidores de los servicios profesionales.
En una sociedad tan compleja como la actual lo que reclama el consumidor y usuario no es solamente unos precios competitivos por los servicios que se le ofrecen sino que, quizás de forma más acusada, reclama garantías y calidad. El ciudadano no puede, con carácter previo a contratar los servicios de un profesional, analizar los aspectos que este ha de cuidar. Desconoce si el profesional cumple unos mínimos requisitos de formación y cualificación, así como desconoce sus obligaciones deontológicas. Espera ese ciudadano que si el profesional incumple su cometido alguien actuará disciplinariamente, así como esperará que tenga un seguro de responsabilidad civil. Y esas garantías, entre otras, las cumplen y proporcionan los colegios profesionales desde hace décadas.
Estos son instituciones que no cuestan un céntimo al erario público, esto es, al ciudadano. Se sustentan con las cuotas de sus miembros. Y, además, cumplen algunas funciones propias de una Administración pública, funciones estas que las soportan económicamente los profesionales.
La ley en preparación parte de una gran desconfianza hacia los colegios profesionales, llegando incluso a establecer el importe de las cuotas que habrán de pagar sus miembros como si fueran comparables todos los colegios de todas las profesiones de España. Se les exige unas formalidades materiales, especialmente en el ámbito económico, que provocará la inviabilidad de muchos de ellos. Se prohíbe que estos exijan a sus miembros la contratación de un seguro de responsabilidad civil con el que hacer frente de sus errores frente a los consumidores. Se permite que el profesional se colegie donde quiera, aunque su actividad se desarrolle de forma permanente en otro lugar. Asimismo se crea lo que podemos llamar Administración de tutela --que habitualmente recaerá en los gobiernos autónomos--, con facultades para disolver las juntas de gobierno de los colegios...
Pero ante este panorama me pregunto: ¿alguien se había quejado de los colegios profesionales?, ¿constituían un problema en nuestra sociedad?, ¿se habían significado por ser fuente de escándalos, tan habituales --por cierto-- en otros ámbitos?
Nuestro Gobierno tiene la habilidad de crear problemas donde no los había. Y así nos va.
Presidente del Colegio de Abogados de Zaragoza
