Una de las funciones esenciales de un estado justo reside en la redistribución de la riqueza, merced a los impuestos que paga la ciudadanía, de tal forma que quienes más poseen contribuyan en mayor medida a las arcas de Hacienda. Sin embargo, es fácil constatar que aquellas personas y empresas con mayor poder e influencia disponen también de más recursos para eludir sus obligaciones y, en último término, igualmente está a su alcance la posibilidad de repercutir sus cargas fiscales mediante el incremento del precio de productos y servicios. Dicho de otra forma, al final siempre es el ciudadano medio cuyos ingresos provienen de una nómina controlable, sobre quien en mayor medida recaen las obligaciones tributarias.
Y, ahora, dos nuevas amenazas se ciernen sobre tales ciudadanos, la mayoría. Por una parte, la posible anulación con efectos retroactivos de las cláusulas "suelo" hipotecarias y su probable secuela, un nuevo rescate bancario que, obviamente, no pagarán las entidades financieras; por otra parte la inminente subida de impuestos, presuntamente orientada a una mejor progresividad fiscal.
¿Qué opinará de ello el futuro comprador de una vivienda usada, costeada parcialmente mediante el rescate de su fondo de pensiones y la hipoteca del resto? Dicho sujeto habrá de hacer frente a los incrementos del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al de Actos Jurídicos Documentados; además, debido al rescate de su fondo de pensiones, será transitoriamente clasificado como "rico" durante un ejercicio fiscal.
Puede parecer un ejemplo extremo, pero temo que se podrán aducir muchos otros casos con similar desenlace: un buen mordisco a los ahorros de muchas personas que, desde luego, nadie calificaría de ricos.
*Escritora
