La tensión entre el Gobierno de Aragón y la Dirección General de Tráfico se está incrementando tras la orden del Ministerio del Interior que limita la celebración de pruebas que requieran la presencia de la Guardia Civil a una por día y provincia. Las entidades organizadoras de algunos eventos con miles de participantes no están dispuestos ni a plantearse que se puedan suspender pruebas con inscripciones desde hace meses. Da la impresión de que la orden se ha impuesto sin valorar los conflictos que genera y basándose exclusivamente en la disponibilidad de agentes de la Guardia Civil. Quizá las peticiones sean excesivas, pero en tal caso se analizan y se coordinan los recursos. Hay toda una actividad variada y defendible que necesita usar carreteras para desarrollarse y no se puede reducir a un estadillo de cabo furriel.
