La presidenta de los Afectados del Vuelo de Germanwings, que aglutina a 46 familias de las víctimas del trágico accidente en el que el copiloto del trayecto Barcelona-Dusseldorf estrelló hace dos años el avión en los Alpes, dio ayer un aviso en el acto de conmemoración en El Prat. «Que todo el mundo sea consciente de que lo ocurrido se puede volver a repetir», advirtió Silvia Chaves. No son palabras que puedan caer en saco roto. Revelan, por ejemplo, que los cambios en la normativa se han demorado en exceso. La Comisión Europea aún tiene previsto a lo largo de este año elaborar un reglamento para un mayor control de los pilotos tras las propuestas de la Agencia de Seguridad Aérea Europea. Es obvio que la normativa europea debería incluir pruebas aleatorias sobre consumo de alcohol, drogas y fármacos, y evaluar la salud mental de los pilotos.Otra cuestión que tampoco ha avanzado es la judicial. La fiscalía alemana ya ha exculpado a la compañía de toda responsabilidad, y deja al copiloto Andreas Lubitz como único implicado, mientras que la causa penal abierta en Francia va en igual línea. Lo que sí se ha concretado son las indemnizaciones en la mayoría de las 59 familias residentes en España. Han pactado con la aseguradora una cifra algo superior al baremo de un accidente de tráfico. No parece de justicia, pero sí es una forma de cerrar el duelo.

El Gobierno central ha metido en un disparatado baile las oposiciones para cubrir plazas en servicios públicos esenciales. Y Aragón se ha visto pillado en el juego. Tras amenazar con impugnar la convocatoria de casi ciento sesenta plazas en Educación, el ministerio del ramo ha echado marcha atrás mediante un decreto que sí las posibilitaría, aunque a estas alturas su convocatoria ha quedado descartada. Se supone que puede ocurrir algo similar con las 1.500 plazas que debe sacar el Salud de manera urgente y que han sido recurridas por Madrid nada menos que ante el Constitucional.

Le asiste toda la razón al Ejecutivo aragonés cuando advierte que no se puede jugar así con los opositores. Pero peor todavía es que se juegue con la estabilidad de servicios como la Sanidad o la Educación, objeto anteriormente de durísimos recortes y cuyas plantillas han quedado claramente descompensadas. El recurso a los interinos y a los contratos temporales (en algunos hospitales de sólo unos días o unas horas) es insostenible. Sin estabilidad en los quipos, sin un mínimo de confianza en el futuro y de rodaje en la actividad que corresponda, es imposible sostener una empresa, sea privada o pública. Mucho menos cuando su cometido es tan importante como cuidar nuestra salud o formar a niños y jóvenes. Rajoy y su Gabinete deberían hacer un ejercicio básico de responsabilidad.