Tres son los niveles competenciales que configuran el modelo territorial del Estado, tal y como establece la Constitución: la soberanía nacional que reside en el pueblo español y del que emanan los poderes del Estado; la autonomía política de las comunidades autónomas, con capacidad legislativa, y la autonomía administrativa de las entidades locales.
Desde las primeras elecciones autonómicas de 1983, en 17 comunidades de régimen común, todas menos cuatro, y casi siempre en el cuarto domingo de mayo, las elecciones se han hecho coincidir siempre con las elecciones municipales. De esta forma, quiero pensar que sin intencionalidad, se rebajaba de hecho el nivel autonómico, casi a un mero estadio administrativo. Basta recordar las campañas electorales de la época para confirmar la primacía que casi siempre se daba a lo local sobre lo autonómico. La administración más cercana al ciudadano frente a un emergente poder político. Así las cosas, la experiencia de casi todos los partidos políticos demuestra la importancia que siempre ha tenido la elaboración del mayor número posible de candidaturas municipales.
Especialmente en Aragón, con más de 700 ayuntamientos en juego, sin contar con las tres diputaciones provinciales donde cada partido se jugaba casi la vida. Un importante número de candidaturas municipales garantizaba la obtención de unos, como mínimo, pasables resultados autonómicos, aunque siempre hay excepciones.
Las candidaturas municipales eran la puerta de entrada al poder autonómico. Hasta el punto de que se incluían muchos posibles alcaldes en las listas de los parlamentos regionales. De hecho, la política parlamentaria se hacía atendiendo más a las necesidades locales que al interés general de la comunidad. En muchos gobiernos autonómicos se llevaban a cabo políticas que más tenían que ver con una diputación que con un gobierno.
Me atrevo a decir, y lo demostraría si tuviera espacio, que hasta épocas recientes, el interés general de Aragón no ha brillado como debería. Incluso en la elaboración de leyes que tienen que ver con la ordenación y organización territorial, conceptos diferentes, ha primado más lo local que lo general.
Estas cuestiones tenían sus efectos inmediatos en los partidos políticos, donde se repartía el poder orgánico, según el número de candidaturas que cada jefe territorial y presunto futuro diputado provincial conseguía entregar en la junta electoral.
Es cierto que este modo de hacer política se ha desarrollado durante muchos años, tergiversando así las verdaderas funciones de los parlamentos y gobiernos autonómicos. Eran unos tiempos en los que, salvo las comunidades con privilegios especiales, todos formábamos a golpe de pito por tres razones: primera porque los estatutos no permitían anticipar las elecciones a las asambleas legislativas en las condiciones de hoy, segundo porque los centralistas de siempre se ocupaban de hacer ver a la opinión pública el gasto que suponía celebrar tantas elecciones (como si la democracia tuviera que ser de baratillo) y tercero porque a los partidos tradicionales no les iba mal con un procedimiento ordenado, a modo de un «prietas las filas».
Es hora ya de que en Aragón se vayan cambiando las tornas, aunque a algunos se les caigan los sombrajos. Para salir, como ya hizo Valencia, del pelotón de las comunidades autónomas de régimen común, dado que ya contamos con un Estatuto de autonomía de primera desde el año 2007, que permite anticipar la convocatoria de elecciones a Cortes de Aragón, sin que el mandato deba acabar obligatoriamente en el plazo máximo en que terminaría la legislatura que se disuelve. De esta forma, Aragón se podría visualizar en una única campaña electoral en España, lo que nos colocaría, desde la perspectiva mediática, en situación de cierta prevalencia, como sucede cada vez que hay elecciones catalanas, gallegas, vascas o andaluzas. El debate electoral, además, se circunscribiría a los asuntos de interés general de Aragón y a nuestro papel en España, evitando ese efecto reflejo de traslación de la percepción nacional a los resultados autonómicos.
Tengo la impresión de que cuando termine la crisis sanitaria, el presidente del Gobierno anticipará las elecciones autonómicas, aunque sea por unos meses. Entre otras cosas para capitalizar lo hecho, y lo no hecho por otros, durante la crisis y acaparar así los mejores resultados. Imagino quienes serán los vencedores y los vencidos.
Con unas elecciones autonómicas independientes se revaloriza Aragón desde todos los puntos de vista (económico, político, social, cultural e histórico), dando comienzo a un tiempo nuevo del que podríamos escribir otro día. El problema lo tendrán aquellos partidos que no se vean con luz propia y que no puedan contar con el apoyo de un buen número de candidaturas municipales.
