El pasado 31 de julio se conmemoraba el Día Mundial de los guardabosques, fecha en la que se pone en valor el trabajo que hacen los agentes forestales para proteger el patrimonio natural y cultural del mundo, en ocasiones incluso a costa de sus vidas.
Los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) son los funcionarios que realizan esta labor en Aragón. Son los forestales de toda la vida, como se les conoce en nuestros pueblos, y su trabajo está relacionado con tres grandes áreas: los incendios forestales, la biodiversidad y la de Policía medioambiental, y en todas ellas el colectivo tiene carencias.
Eficiencia y eficacia
En la lucha organizada contra los incendios forestales, que comenzó en España en los años 50 del pasado siglo, los agentes forestales siempre han sido parte fundamental de la misma. El operativo de prevención y extinción aragonés, dependiente del Departamento de Agricultura, es un ejemplo de eficiencia y eficacia frente al de las comunidades autónomas que optaron por cambios en sus operativos, que han llegado a cuadruplicar su coste medio por hectárea, y sin que en esos territorios se reduzcan las cifras de incendios, superficies afectadas o mejorado los tratamientos selvícolas ejecutados
Sin embargo, la actual Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, responsable de la defensa contra incendios forestales, ha iniciado el diseño de un nuevo modelo de operativo que, con la excusa de profesionalizarlo, pretende en realidad externalizarlo, no dudando en relegar al personal funcionario y laboral, y en especial a sus APN, separándolos de las unidades de intervención.
El criterio técnico no ha sido tenido en cuenta en la toma de esta decisión que conduce a Aragón a entrar de lleno en la burbuja del negocio de las emergencias medioambientales. Y todo ello, siendo necesarias otras mejoras.
En cuanto a la biodiversidad, las funciones relacionadas con la gestión forestal de los montes, de la caza, de la pesca, de las especies de flora y fauna protegidas, de los espacios naturales protegidos, de las vías pecuarias, de la calidad de las aguas, etc. son las que forman parte de lo que el imaginario colectivo asocia a un agente forestal.
Muerte lenta
Pero para poder desarrollarlas necesitan medios de trabajo y una estructura organizativa de la que carecen, estando condenados a una muerte lenta por inanición: vehículos escasos, inadecuados y de más de 20 años de antigüedad; centros de trabajo inexistentes u obsoletos; ropa de trabajo y calzado que no protege adecuadamente y sin imagen corporativa; falta de organización, de protocolos de trabajo, de protocolos de seguridad y un largo etcétera de carencias impensable y desconocido por la opinión pública.
Además, los agentes deben ejercer una labor inspectora y de denuncia de aquellos hechos que pudieran suponer la comisión de una infracción administrativa, en su condición de agentes de la autoridad, y de posibles ilícitos penales, en su condición de Policía judicial genérica, unas funciones que se han visto obstaculizadas de manera permanente: denuncias sin tramitar, sanciones mínimas o la falta de formación de una legislación prolija y cambiante, que dificultan esta labor.
Ante este panorama, no solo nos dirigimos hacia la desaparición de un colectivo con más de 144 años de historia, que vendría acompañada sin ninguna duda de una menor y mucho más costosa protección del medio ambiente, sino que es de temer que se produzca un día una nueva desgracia que nos obligue a recordar a otro compañero fallecido, como ya ha ocurrido con Luis Lorenzo, Rafael Andreu o Pascual Garrido, entre otros, mientras trabajaban.
Mejoras consensuadas
Cierto es que se necesitan mejoras y exigimos una mayor inversión en el operativo, pero estas deben estar consensuadas y respaldadas técnicamente y no ahogar económicamente a las restantes áreas del departamento.
En Aragón, los Agentes para la Protección de la Naturaleza están en peligro de extinción, denostados y arrinconados por el propio Gobierno de Aragón, que ni quiere ni les deja cumplir con su deber. No estamos ante un colectivo que reivindique mejoras salariales y laborales insolidarias. Tan solo exigen que se les deje trabajar en condiciones, en beneficio de la ciudadanía y del patrimonio natural aragonés.
Ellos no solo no quieren extinguirse, sino seguir formando parte del operativo de extinción de incendios forestales, así como de la prevención, detección e investigación de las causas que los generan.
