El próximo miércoles desaparecen en España las barreras de peaje en varias autopistas españolas. Algunas, de notable trascendencia en Aragón con el tramo de la AP–2 entre Zaragoza y El Vendrell y la liberalización de los 90 kilómetros que separan Alfajarín de Fraga. Acaban así años de reivindicación y un agravio para muchos conductores que se veían obligados a pagar una sustanciosa cuantía para desplazarse si querían evitar el notable riesgo que suponía adentrarse en la peligrosa N-II. Desde hace casi 20 años, el Gobierno de Aragón ha presupuestado partidas para minimizar ese agravio en el caso de los trayectos de ida y vuelta de 24 horas, pero con el fin de las concesiones se cierra una etapa y una larga reivindicación de los conductores.

El fin de las concesiones de los peajes no va a suponer que los ciudadanos dejen de pagar por circular en las redes viarias de alta capacidad. El debate surge sobre cómo financiar el mantenimiento de dichas vías, que pasan a estar a cargo de unas administraciones que deberán conseguir recursos suficientes para conservar el buen estado de las mismas: ¿deben pagarse con los impuestos de todos los ciudadanos o solo por lo que se logre a partir de quienes utilizan esas vías?

En el horizonte se apunta ya a un pago por el uso, tal como se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez en el plan de recuperación enviado a Bruselas, para aprovechar los fondos europeos del programa Next Generation. En ese sentido, hay un claro compromiso sustentado en un criterio más ecológico (quién contamina, paga) y equitativo (el mantenimiento de la red, millonario, no puede descuidarse si se quieren garantizar unas vías seguras para la circulación de vehículos). Esta propuesta, lanzada a modo de globo sonda hace unos meses, a pesar de su impopularidad estará encima de la mesa en pleno debate de construcción de un nuevo modelo de movilidad y sostenibilidad.

En cualquier caso, las soluciones que se acaben adoptando solo serán aceptables para la ciudadanía si se evitan desigualdades territoriales (como ha sucedido durante muchos años en Aragón) y no perjudican a aquellas zonas que apenas disponen de alternativa viable de transporte público. Durante los próximos años, la llegada de los fondos europeos debería aprovecharse, como en tantas otras cuestiones, para desarrollar propuestas eficientes y equitativas, que permitan el mantenimiento de unas vías que pasan a ser una responsabilidad compartida por todos.