La despoblación que sufre España en su entorno rural cada vez es más agudo. Las comunidades sufren el éxodo de sus habitantes hacia núcleos más urbanos, hacia las grandes capitales de provincia. Con la pandemia esta movilidad geográfica se ha agudizado con los recortes de líneas de transporte de viajeros por carretera, que garantizaban la movilidad entre ciudades, municipios y comunidades autónomas en todo el territorio nacional, además del acceso a servicios esenciales.

El descenso de viajeros durante la pandemia ha fomentado el uso del vehículo particular, incrementando el tráfico en las carreteras españolas, además de las emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera, antes de la pandemia, uno de los problemas más graves era la contaminación atmosférica, un problema sanitario que se agudiza en el tiempo.

En 2016, la contaminación mató a 6.1 millones de personas en el mundo, 4,1 millones de muertes provocadas por la contaminación atmosférica y 2,5 millones debido a la contaminación del aire doméstico según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 93% de la población mundial está expuesta a niveles de contaminación del aire muy elevados, debido principalmente al tráfico urbano.

Según Greenpeace, las partículas en suspensión se pueden apreciar claramente en las llamadas boinas de contaminación en las grandes ciudades, el tráfico rodado supone según los estudios, el factor que más contribuye de la contaminación son las partículas que flotan en el aire a nuestro alrededor, (entre un 70 y un 80%), a día de hoy, estas boinas son el mejor indicador de contaminación urbana fomentando enfermedades cardiovasculares, respiratorias entre otras. Por eso hay que potenciar el transporte público. En el caso de la España vacía el transporte de viajeros por carretera es el único medio de locomoción de la ciudadanía, de ahí nuestra defensa férrea del autobús–autocar como medio de transporte, así como un medio seguro de viajar y de cuidar nuestro medio ambiente, aproximadamente por cada autobús–autocar rodando en nuestras carreteras se reducen entre 7 y 10 vehículos particulares, disminuyendo considerablemente la emisión de agentes contaminantes a nuestra atmósfera. Esto debe hacerse extensible a todo el territorio nacional, siendo nuestro país un referente en movilidad y en el transporte de viajeros por carretera en Europa, garantizando las frecuencias de paso, la calidad y los servicios prestados, algo que las administraciones y las empresas operadoras de los mapas concesionales de líneas de autobús olvidan, ya dependan del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) o de otras administraciones, sean de largo recorrido, interurbano, urbano etc., haciendo gala de un mapa concesional eficiente e implantado en todo el territorio nacional, primando el beneficio económico a otros factores. Este recorte de líneas, en provincias como Soria, Zamora, Salamanca o Ávila, ha generado también otros problemas, como el uso compartido o combinado del transporte escolar y de personas de avanza edad que acuden a sus centros hospitalarios de referencia, servicios a demanda dependientes de la solicitud del ciudadano, creando desconfianza entre los usuarios.

En otras ocasiones ya hemos reiterado el uso del autobús–autocar, el viajero debe retomar la confianza en un sector que es un pilar fundamental de nuestra sociedad, facilita el día a día de los ciudadanos, siendo el sector un ejemplo claro de la profesionalidad de los trabajadores que integran este mundillo del volante, que se convierte en un estilo de vida.

Viajar en autobús–autocar es 200 veces más seguro que el vehículo particular, hay que recordar que en el año 2019, la mortalidad en accidentes de tráfico donde se vieron involucrados fue de 0 víctimas, la garantía que ofrecen los conductores profesionales y la formación que reciben para desempeñar sus funciones es signo de calidad en la conducción, también, además, hay que tener en cuenta que debido al tamaño del vehículo, la forma en la que ha sido construido, las inversiones y desarrollo en tecnología, el límite de velocidad, los carriles especiales y todas las regulaciones de tráfico, son un gran añadido a la seguridad.

La realidad es la historia de una carencia, el mundo rural desaparece, la España vacía aumenta, su conexión y movilidad peligra porque ninguna empresa de transporte de viajeros quiere prestar el servicio, concesiones caducadas y las que se licitan en muchas ocasiones quedan desiertas porque nadie se ha presentado, poco control de las administraciones pertinentes o se pasan la pelota unos a otros para ver a quien les compete, no hay cifras concretas de a cuánto asciende la subvención que necesitan las empresas, pero el mínimo según fuentes del sector, es de 0,7 euros el kilómetro recorrido, y se recorren millones, algo que desde esta organización sindical no entendemos ni compartimos, ya que se está vetando el ultimo derecho de los ciudadanos: la movilidad. Este trajín de precios y licitaciones a la baja hacen que los empresarios pretendan que lo asuman los trabajadores en sus condiciones económicas, sociales y laborales.

Garantizar el transporte público y discrecional de viajeros por carretera es una prioridad, la defensa del sector es esencial, muchas familias dependen de ello, quizá la solución sea subvencionar más eficientemente y no disgregar las rutas, otros piden la liberalización del sector, de hecho, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) vigila que las empresas peleen en igualdad de condiciones y está preparando un informe que expondría las carencias del sistema, más de 79 rutas y más de 350 millones de euros dependerían de ello.

Desde el Sindicato Libre de Transporte, haremos un seguimiento de la situación, la evolución del mapa concesional y sus licitaciones en todos los ámbitos y provincias, aportaremos a las administraciones y todo aquel que así lo requiera ideas y medidas necesarias por el beneficio de todos los actores implicados, velaremos por los intereses de los trabajadores, el cumplimiento de los convenios provinciales y de empresa, las condiciones laborales, fomentar el uso del autobús–autocar, la seguridad a la hora de viajar, los beneficios que conlleva y su impacto medioambiental y se garantice la movilidad de los ciudadanos en todo el territorio, un factor a recalcar dada la carencia de este derecho fundamental y la mella que está haciendo en el entorno rural, tenemos claro que es un sector en constante evolución, donde la accesibilidad y las nuevas tecnologías juegan un papel esencial, pero no a cualquier precio, en este caso de una España cada vez más vacía.