La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) ha reconocido un derecho individual básico, cuyo ejercicio en España, además de sujeto a múltiples garantías, es completamente voluntario. Quienes hemos trabajado para conseguir hacerlo realidad no somos personajes siniestros, morbosos o enloquecidos, sino gente normal y corriente que en la mayoría de los casos ya ha visto con sus propios ojos qué duro resulta a menudo dejar este mundo cuando la enfermedad avanza, la ciencia nada puede hacer para detenerla, y el dolor y la degradación imponen su ley; gente como Emilia, la vecina de Las Fuentes que el pasado sábado se encaramó como pudo a la ventana del cuarto donde permanecía postrada en la cama y se dejó caer al vacío. Lo terrible es que esto sucedió cuando la LORE ya está vigente y su aplicación en marcha. A Emilia el sistema le falló de manera garrafal, como ha reconocido la propia consejera de Sanidad. Algo así no puede volver a suceder.
Durante cuatro meses, ciento veinte días, Emilia, a través de su hija, intentó que su petición de eutanasia, perfectamente lógica por lo demás, fuera tramitada. No lo logró, lo cual supone una irregularidad manifiesta. Su médica se negó incluso a tocar el correspondiente impreso. La solicitud primera y su ratificación, que según la propia Ley debe producirse quince días después de iniciado el proceso, permanecieron en un extraño limbo. Por supuesto el caso no fue registrado ni informado ni llegó a la Comisión de Garantías y Control. Ni siquiera las gestiones hechas por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-Aragón) lograron desbloquear la situación. Algunas personas debieron pensar que aquella voluntad de poner fin a una vida que ya no era sino un tormento constante no pasaba de ser... un capricho. Emilia acabó desesperada.
Ha dicho la consejera que el personal sanitario ha recibido formación referente a la LORE y su aplicación. Habrá de disculparnos, porque en DMD dudamos de que haya sido así. Lo cierto es que el Departamento de Sanidad desarrolló con bastante tino la puesta en marcha de la Ley, pero no tenemos tan claro que creara con igual acierto mecanismos adecuados para impedir que pasara lo que ahora ha pasado. Pocos médicos se han declarado objetores, es cierto, pero no acaba de quedar claro en la práctica qué sucede cuando un facultativo o facultativa se niega no a practicar una eutanasia, sino incluso a tramitarla. Así, una norma legal aprobada por el Parlamento con abrumadora mayoría se puede quedar en papel mojado o ser fuente de constantes problemas e incidentes.
Emilia y sus familiares creyeron en los primeros días del mes de julio que sus pretensiones, bien meditadas y sobradamente justificadas, serían atendidas sin mayor problema. Confiaban en la Administración pública y en el poder de las leyes. Por ello su decepción aún fue más terrible.
Argumentos falaces
Mientras, los enemigos de la eutanasia mantienen su esfuerzo para lograr que la LORE no se aplique. Lo hacen inventando falaces argumentos científicos y éticos, adueñándose de entidades e instituciones que debieran abordar este asunto con más seriedad y mucho menos sectarismo. Fingen –¡ellos, que tanto hablan de libertad!– ignorar que morir con dignidad es un derecho inalienable, al que se va tras pensarlo mucho, cuando ya es la única salida, cuando la vida se ha convertido en tortura. Y si hay quienes creen, por el motivo que fuere, que es preciso apurar el cáliz hasta las heces agotando cada segundo de sufrimiento, nadie les impide hacerlo. Pero que no vengan a imponernos a los demás sus particulares perversiones.
En cuanto a los profesionales de la sanidad, cabe entender sus dudas e inquietudes. Lo cual no es óbice para que hoy apelemos a su comprensión y empatía, al reconocimiento de que su ciencia todavía tiene límites más allá de los cuales solo existe la enfermedad en grado máximo, la desesperanza y en último término la muerte. Abreviar ese tránsito, humanizarlo mediante la compasión y limar su terrible agudeza es también, que nadie lo dude, un acto médico. Y es la única manera de reconocer, que, como vienen diciendo las leyes y el mínimo sentido común, siempre es el paciente quien ejercitando su autonomía debe tomar cada decisión, incluso la más difícil.
