España es un país extraño, un tanto peculiar. Es un país excepcional. En esta España nuestra existen algunas instituciones intocables. No se te ocurra criticarlas, porque corres el peligro de ser acusado de antipatriota, o incluso, de ser denunciado. Me refiero al Altar, el Trono, el Sable, la Toga y el Dinero. Tales instituciones muy ensambladas se autoprotegen. Nuestra historia muestra que todas ellas han supuesto un gran obstáculo para el progreso del país. Así calificó el historiador Juan Pro el retorno de Fernando VII en 1814: «la opción de mantener a los Borbones demostró ser un suicidio político para cuantos luchaban por las libertades y por un estado representativo». La Iglesia católica calificó como «cruzada nacional» al golpe militar» –uno de los primeros prelados en hacerlo fue Rigoberto Doménech, arzobispo de Zaragoza– y apoyó incondicionalmente a la dictadura; y ya en democracia se opuso al divorcio, al aborto, al matrimonio homosexual y la eutanasia; y no ha criticado las acciones ejemplares del Emérito o los chats de jubilados del Ejército, que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles, además de instar a un golpe militar.

Dos generales implantaron dos dictaduras en el siglo XX. La justicia no ha hecho nada por investigar los crímenes del franquismo. Los empresarios no han sido llevados a los tribunales por financiar la caja B de un Partido, paradigma del patriotismo. ¿Alguna responsabilidad habrán tenido los gerifaltes de los Consejos de Administración de las grandes constructoras beneficiadas con las concesiones de grandes obras públicas? Algunos empresarios regalan yates al Rey. ¿Por altruismo? ¿O por algún beneficio en Oriente Medio? Felipe VI se decantó por una opción religiosa el pasado 25 de julio: «Hoy, en la Catedral donde convergen todos los caminos y donde habita para la eternidad el Apóstol Santiago, renovamos la ofrenda de un pueblo que quiere ser agradecido». Pero, vamos a ver, ¿con qué derecho puede realizar una ofrenda al apóstol Santiago en nombre de todos los españoles, sean estos católicos, protestantes, musulmanes, ateos, agnósticos...? Pues, ¿no estamos en un Estado aconfesional, como establece nuestra Constitución en su artículo 16.3?

Pero, hoy me referiré a la Iglesia católica española y a un tema muy escabroso. El testimonio del escritor y ganador del Premio Nadal de 2018, Alejando Palomas, en la Cadena Ser es estremecedor, al denunciar los abusos sexuales, que sufrió cuando era niño a manos de un religioso. A través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha descartado –hasta el momento– investigar de verdad los abusos sexuales a menores cometidos por religiosos. Este posicionamiento contrasta con el reconocimiento que el papa Francisco ha hecho de los errores de la Iglesia en el manejo de las denuncias de abuso, con su llamada a terminar con la negligencia frente a estos actos, y con los profundos procesos impulsados en otros países para conocer la verdad, erradicar esta lacra y reparar el daño a las víctimas. En Francia la Iglesia católica reconoció su responsabilidad institucional y la dimensión sistémica de los ataques; ya que unas 330.000 personas sufrieron abusos por unos 3.200 religiosos en los últimos 60 años.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Éric Moulins-Beaufort ha reconocido su responsabilidad institucional, y su culpabilidad por falta de control interno y el haber cerrado los ojos ante el problema. Por ello, afirmó que es un deber de justicia una reparación. El episcopado francés ha declarado que venderán bienes, y si es necesario, se solicitarán préstamos para hacer las indemnizaciones precisas. En Alemania la Iglesia financió un estudió que halló 3. 677 casos entre 1946 y 2014. En Estados Unidos muchas diócesis se han declarado en bancarrota por las indemnizaciones a los sobrevivientes de los abusos. En España la Iglesia Católica apenas reconoce 220 episodios de abusos de este tipo de 2001 a la fecha. ¿Los religiosos españoles son más castos que los franceses, alemanes o norteamericanos?

¿La nula disposición de la cúpula clerical hispánica para esclarecer y subsanar estos delitos sexuales está relacionada con su enorme poder económico e influencia política, mediática y social de que disfruta? No hay que olvidar que en España la Iglesia católica ha gozado siempre de grandes privilegios en la dictadura y también la democracia ha sido muy generosa con ella, estando fuertemente subvencionada por el Estado. Según Europa Laica, el pago de salarios y costos sociales de las 19.000 personas que imparten religión en los centros educativos asciende a 600 millones de euros anuales; si añadimos todas las subvenciones y exenciones fiscales, el aporte estatal asciende a 11.000 millones de euros al año, más de 1% del producto interno bruto. La persistencia de estos subsidios, su arrogancia y displicencia ante el sufrimiento de las víctimas de abuso sexual, y la pasividad de las autoridades políticas –hasta ahora– y judiciales, nos retrotraen a tiempos pasados de triste recuerdo. Parece que se va a constituir una Comisión de investigación en el Congreso. ¡Qué menos! A ver si nos dejamos de consideraciones políticas.

Esclarecer y castigar estos delitos no es de derechas ni de izquierdas. Es una cuestión de dignidad. Una sociedad digna no puede permanecer pasiva ante unos hechos tan vergonzosos.