Desde el 14 de marzo de 2020, fecha en la que el Gobierno decretó el estado de alarma para luchar contra el covid-19, una mayoría amplísima de la población española ha vivido en un sin vivir. Sin estar resuelta la pandemia, la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin el 24 de febrero de este año, ha provocado una catástrofe de consecuencias imprevisibles. El mayor daño lo están sufriendo los ucranianos, pero la onda expansiva está llegando a muchos puntos del planeta, especialmente a Europa y como consecuencia de ello a España. La guerra ha cortado el crecimiento que se estaba produciendo en nuestro país y generado una inflación que provoca que el precio de productos básicos, la energía y combustibles y como efecto dominó cualquier producto de consumo se dispare, hasta el punto que incluso aquellos que tienen trabajo no llegan a fin de mes. Y mientras la mayoría de los ciudadanos se encuentran en esta tesitura, nos enteramos con filtraciones interesadas, medias verdades que son mentiras a medias e incluso directamente con titulares de prensa o comparecencias públicas, que en las altas esferas de los distintos poderes que transitan por nuestra piel de toro se espía y se filtra en las más distintas formas y sobre los más variados asuntos.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y varios de sus ministros, mientras hacían frente a las crisis de la pandemia, el volcán de La Palma, las tensiones con Marruecos y la guerra de Ucrania han sido espiados. No sabemos todavía por quién, pero tranquilos, cualquier día aparecerá un hilo que lo pondrá negro sobre blanco, eso sí, cuando interese. ¿A quién? Veremos.
También se han enterado los autorizados en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso del espionaje realizado por el CNI en el procés. Parece ser que siendo un secreto también algo se ha filtrado. Y no por esto, sino por el fallo de seguridad en el entorno del gobierno, ha sido cesada Paz Esteban como directora del CNI.
Lo cierto es que mientras la ciudadanía esta atribulada para salir al paso de su propia vida «los principales» de este país juegan en otra liga, por no decir en otra guerra, no como la de Ucrania, sino esa en la que se mueven millones de euros y en la que no preocupa para nada la carestía de la vida, ni las pérdidas de empleo porque el suyo lo tienen bien atado.
Sin saber cómo ni por qué, hace poco nos hemos enterado de los contratos del futbolista empresario Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en sus correrías saudíes y embarcados en negocios lucrativos con la Supercopa de España. Del mismo modo, desde el 18 de junio de 2014 fecha en la que el Rey Juan Carlos I abdicó de la Corona, hemos asistido al folletín, incluso relatado por capítulos, de sus andanzas con sus «primos», con Corina, con comisiones y regularizaciones en Hacienda, eso sí amparadas en su inviolabilidad. Se han producido tantas filtraciones que incluso la Fiscal General del Estado se vio obligada a intervenir.
Triste final para un hombre que en momentos complicados de nuestra historia supo estar a la altura de su responsabilidad.
Lo cierto es que en las altas esferas, parece que el espionaje es una constante y casi se podría afirmar que, en este país, aquel que no tiene un dosier no es nadie ¿se tendrán envidia? Que se lo pregunten si no a Cristina Cifuentes la entonces flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, aquella que decía «que no me voy a ir». Ignorante ella de que algún interesado guardaba desde 2011 la grabación del robo de unas cremas que puso en circulación siete años después. ¿Ya sabían entonces que les haría falta ese video? Que listos.
Qué decir del protagonista de la gorra y la cara tapada, experto en grabaciones con los más rudimentarios o sofisticados artilugios, el comisario Villarejo. Ya en 2018 los medios de comunicación se hacían eco de los cuatrocientos dosieres sobre la élite política, empresarial y judicial española que tenía en sus manos. El tiempo ha demostrado que convenientemente dosificados han sentado en el banquillo a «ilustres personajes» como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Si, el que llamó tontos a sus clientes por pagarle la electricidad más cara con la tarifa regulada. Y encima se rio a carcajadas y le hicieron el coro. Menos risas y un poco de vergüenza debería sentir pues la Audiencia Nacional ha ratificado su situación de investigado en el caso Tándem. Pieza que también investiga a responsables máximos del BBVA por oscuros manejos con el citado comisario.
Desgraciadamente para nuestro país y la democracia, lo grave es que más asuntos turbios afectan o han afectado a altas esferas del poder dando lugar a capítulos que nos deberían avergonzar como sociedad. Los contratos realizados en la pandemia que están señalando en Madrid a su alcalde y a la presidenta de la Comunidad y otros que posiblemente afloraran, demuestran a las claras que algo estamos haciendo mal. Prueba de ello son también las cloacas que emergieron en torno al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el caso Bárcenas, el PSOE vivió filtraciones interesadas de su Comité Federal en la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. Y qué decir de todo lo que se tejió en este país cuando los círculos de Podemos se convirtieron en fuerza parlamentaria y de poder.
Lo triste es que estos episodios no son nuevos y que el paso de los años que debían haber servido para profundizar y mejorar la democracia están sacando a la luz demasiados casos oscuros. Parece que no hemos superado aquellas situaciones que se dieron en los inicios de la democracia en los que en el juego político entraron aquellas escuchas a Txiqui Benegas cuando llamaba «Dios» a Felipe González, cuando ETA se convertía en munición electoral o Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del Rey Juan Carlos I durante veinte años apareció implicado en el caso KIO.
La realidad de los hechos parece demostrar que alrededor del poder se tejen los más grandes negocios y las guerras soterradas que siempre han existido, que todos han conocido y tolerado y de cuyos beneficios han participado, están saliendo a luz para desprestigio de nuestra clase empresarial, jurídica y política, generando una desafección en la ciudadanía que está poniendo en peligro la propia democracia. No debe de ser casualidad que en momentos puntuales y determinados se ponga a disposición de la opinión pública debidamente programada la vida y milagros de personas y empresas provocando su deterioro y a saber con qué objetivos. ¿En manos de quién estamos? ¿Quién o quiénes ponen en marcha estas estrategias? La democracia debe averiguarlo y juzgarlo convenientemente con arreglo a Ley y si es necesario cambiarla, se cambia.
