Por desgracia, en los últimos años Aragón se ha situado en los primeros lugares de las situaciones sociales más negativas. Durante los dos años de la pandemia del covid siempre hemos estado en los lugares de cabeza en lo que respecta a la relación de contagios y muertos en función del número de habitantes. Incluso, no sé por qué, hemos tenido una ola más que el resto de las regiones españolas. Para más inri, recientemente apareció el ranking regional de días que hay que esperar para que a una persona la intervengan quirúrgicamente en la sanidad pública y otra vez Aragón ocupa el primer lugar.
Algo parecido está ocurriendo en la sanidad proporcionada por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Yo, como la mayoría de los funcionarios españoles, elegí la asistencia médica privada solo por este motivo: por la rapidez que proporciona el acceso a los especialistas médicos y a las intervenciones quirúrgicas no urgentes. Sin embargo, desde que apareció el covid las listas de espera son kilométricas. Antes, pedías cita a un especialista y si tardaba en dártela buscabas otro y asunto concluido. Ahora, pueden pasar varios meses para que te hagan una revisión rutinaria o una prueba diagnóstica que exija algo de tecnología electromagnética.
Aunque lo que me pide el cuerpo es citar el nombre de la aseguradora privada, no lo haré para evitar problemas. Por tanto, me limitaré a citar algunos ejemplos recientes que me han sucedido a mí. Antes de la pandemia, pedía cita al urólogo para que me prescribiera la exploración anual de la próstata y en menos de un mes tenía en mi poder los resultados del PSA (marcador tumoral) y de la ecografía prostática. Este año he tenido que esperar tres meses. En un control rutinario de mi estado pulmonar me salieron unos nódulos potencialmente problemáticos y en menos de un mes tenía los resultados en mi bolsillo. Este año he tenido que esperar dos meses para que me realizaran las correspondientes pruebas. Y exactamente igual me ha ocurrido con la colonoscopia anual que me hacía para el control de un potencial cáncer de colon. He de decir también que durante los dos años del covid fue imposible hacerme esas revisiones. En el caso de la aseguradora que tengo contratada a través de la Muface, cabría pensar que el pésimo servicio que ofrece por comparación al de antes de la pandemia se debe a que han expulsado de su seno a un elevado número de especialistas médicos para rebajar costes, pero esa no es la causa ya que continúan los mismos profesionales. Hay quien dice que ese deterioro del servicio se debe a que la Muface ha rebajado sustancialmente el presupuesto asignado para las aseguradoras y que, por tanto, dichas aseguradoras han rebajado también el dinero que pagan a los médicos. Esta segunda explicación me parece más coherente, ya que a la vez permite entender el enfado de los propios médicos especialistas y, en consecuencia, el deterioro en la atención a los enfermos.
Estoy seguro de que los usuarios de los servicios médicos de la sanidad pública firmarían ya mismo que sus retrasos en las citas con los especialistas y, en particular, con las intervenciones quirúrgicas no urgentes fueran semejantes a las que acabo de citar en la sanidad privada. En cualquier caso, esas largas demoras no están justificadas ni en la seguridad social ni en las mutualidades de funcionarios (no se olvide que ambos son servicios públicos) y, por tanto, el gobierno regional tiene que hacer algo para que esta anómala situación mejore urgentemente.
Me he referido solo a la sanidad por el hecho de haber aparecido Aragón en el primer lugar de las demoras de las citas con los especialistas médicos, pero, por desgracia, este deterioro se ha producido en toda la administración pública. Supongo que las posibles soluciones serán muy complicadas y que, por eso, a nuestro gobierno regional le resulta imposible abordar la mejora de la función pública de manera rápida y eficaz. Pero sean cuales sean las causas, tanto los medios de comunicación social como las organizaciones sindicales y la sociedad en general tenemos la obligación de presionar a nuestros regidores públicos para que esto mejore lo antes posible.
Lo más fácil es echar la culpa de esta penosa situación a los cuatro partidos políticos que integran el gobierno regional (PSOE, PAR, Podemos y CHA), los cuales no cabe duda de que son directamente responsables de ese progresivo deterioro de los servicios públicos en Aragón. Sin embargo, dado que los servicios municipales de Zaragoza funcionan tan mal como los regionales, también habría que incluir en la ecuación de responsabilidad a los tres partidos que controlan el ayuntamiento: PP, Ciudadanos y Vox. No sé lo que ocurrirá en otras comunidades autónomas, pero en el caso de Aragón todas las formaciones políticas poseen responsabilidad en el problema.
