La pandemia puso en evidencia, todavía más, la alarmante carencia de profesionales médicos en nuestro país. Un problema ya anunciado hace unos años. Y que puede agravarse si no se toman medidas. Pero con fundamento. Se veía venir. Varios estudios lo anunciaban. Tal y como aumentaba la esperanza de vida, en un futuro se necesitaría más personal sanitario en España. Pero se seguía echando el freno en el acceso a los estudios de Medicina, sobre todo por parte de algunos decanos de facultades con la «resignación» de sus rectores, temerosos de contradecir en público a un poder tan importante en cualquier universidad. Y con un cierto «alivio» del gobierno de la comunidad autónoma respectiva, asustado ante un previsible aumento en la financiación básica.
Porque hubo intentos serios de aumentar la oferta de plazas en las universidades públicas. En la Conferencia General de Política Universitaria, donde están todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Universidades, se pretendía un aumento gradual. Aproximadamente un diez por ciento sostenido curso a curso. No más. Entre otras razones, por la complejidad de los estudios en una carrera regulada, como la de Medicina, que tiene directiva europea. O por el coste económico que ese incremento de alumnado en las públicas podía suponer en profesorado, tanto para el presupuesto autonómico como para las propias universidades. O por la dificultad de disponer de hospitales homologados para que los MIR (médicos internos residentes) pudieran realizar sus prácticas con garantías de calidad.
Aún así, algo se hizo. Según datos de la propia Conferencia Nacional de Facultades de Medicina Españolas (CNDFME), en los últimos quince años casi se han duplicado las facultades de Medicina o de Ciencias de Salud. Se ha pasado de 28 facultades (26 públicas y 2 privadas) a 46 facultades (35 públicas y 11 privadas) y están en la línea de salida una pública y cuatro privadas. Y se anuncian más. La demanda de estos estudios es cada vez mayor y hay «negocio» para la empresa privada. Estudiar Medicina supone un desembolso muy alto para un estudiante y su familia. Pero siempre hay quien puede costearse los seis años, como mínimo, de la carrera. Incluso un curso preparatorio de un año que le asegura plaza fija para acceder a primero.
Por otro lado, las previsiones apuntan a que en los próximos cinco años pueden jubilarse casi la mitad de los actuales profesionales médicos, tanto los docentes universitarios como los que ejercen en centros sanitarios. Y las expectativas sociales sobre la sanidad han aumentado considerablemente. Por el aumento de la esperanza de vida. Por la preocupación ciudadana por la salud. Por la demanda de ampliar el servicio sanitario a más campos, como puede ser la dotación de algún personal a los centros educativos. Y, a diferencia de lo que sucede en otros campos, los avances técnicos en sanidad no suponen reducción de personal sino todo lo contrario. A lo mejor «en España no faltan médicos, sino especialistas», como se dice en un comunicado de la CNDFME (octubre 2022).
Se tienen detectados los problemas. Pero no acaban de encontrarse soluciones satisfactorias. Posiblemente, porque lo dificultan ciertas actitudes corporativas e intereses económicos de estatus social. Llama la atención el éxodo de titulados en nuestras universidades hacia el extranjero, donde encuentran mejores condiciones laborales.
Mientras, aquí llegan de otros países para ejercer la medicina en nuestros hospitales, sobre todo a los privados, y a las vacantes (algunas desiertas durante mucho tiempo) de centros de salud públicos en el medio rural. La actual normativa universitaria tampoco ayuda a buscar soluciones ponderadas. Tiene demasiados agujeros. Por eso no vendría mal que la clase médica y las autoridades sanitarias y universitarias avanzasen con las luces largas y buscasen acuerdos sólidos en dos direcciones al menos. Por un lado, en planificación. Medicina es una carrera de larga duración. La planificación de plazas, por tanto, ha de hacerse, como mínimo, a diez o veinte años vista. Habrá que aumentar la oferta, pero con mesura. No se puede actuar sólo por el impulso de la gran demanda actual. Se correría el riesgo de repetir lo que ya sucedió en tiempos pasados, cuando llegaron a «sobrar» médicos. Como ahora está sucediendo con los egresados arquitectos que comenzaron sus estudios cuando el boom de la construcción. En la planificación universitaria hay que tener mucho cuidado con las «modas».
Además, habría que revisar el sistema de acceso, especialmente la elección y asignación de plazas de nuevo ingreso, con estudiantes de aquí para allá durante todo el verano hasta que (¡por fin!) obtienen una para empezar el curso. Y revisar a fondo el actual sistema MIR, por supuesto.
Por otro, en calidad. La evaluación «ex ante» del plan de estudios por una agencia de calidad está bien, pero seguramente no sea suficiente. Habrá que obtener el Sello Internacional de la World Federation ford Medical Education (WFME). Y preguntarse si existen y funcionan rigurosos sistemas de control. Especialmente, en las privadas.
Primero, si la facultad cuenta con suficientes medios técnicos para impartir un grado universitario tan exigente. Segundo, si el profesorado reúne la titulación y requisitos académicos exigidos en la normativa universitaria para poder impartir esas enseñanzas. Y tercero, si la universidad tiene adscritos centros sanitarios de calidad evaluada y contrastada para que sus estudiantes puedan realizar las prácticas incluidas en su plan de estudios.
Existe un evidente déficit de profesionales médicos en nuestro país, sobre todo de especialistas, y el problema podría agravarse en los próximos años. Pero la «solución» no puede estar en autorizar nuevos grados sin un análisis prospectivo muy detallado y sin garantías seguras de calidad. El remedio pudiera ser peor que la enfermedad.
