Violencia política

Sumándose ya muchas, demasiadas intervenciones desafinadas en lo que debería ser la sinfonía de un buen gobierno, sus señorías han vuelto a dar la nota en el Congreso de los Diputados.

En esta oportunidad, la diputada insultada, Irene Montero, ha estallado contra Vox y reclamado que se apruebe por la Mesa de la Cámara un nuevo reglamento no contra las faltas de respeto, injurias o calumnias, sino contra «la violencia política» que, a su juicio, está desplegando el mencionado partido desde el grupo parlamentario dirigido por Santiago Abascal.

Aun siendo la ministra Montero experta en ambigüedades e inconcreciones –según acaba de quedar patente con la defectuosa redacción de su última ley–, la dificultad a la hora de definir una cláusula cameral, interna, contra la «violencia política» presenta tantas polisemias e interpretaciones que los juristas de la Carrera de San Jerónimo difícilmente serán capaces, primero de aceptar, y después de normativizar dicho concepto.

Pero, ¿hay una ola de «violencia política» en el Congreso de los Diputados? ¿Realmente las réplicas, las alusiones, las críticas, las descalificaciones, las faltas de respeto, los desprecios y sarcasmos están sobrepasando los límites de la oratoria para hundir a los oradores en el barro de la amenaza? ¿De verdad se respira en la Cámara una atmósfera de odio, como cuando en la II República muchos diputados acudían a su escaño con pistola?

Si es así, si de verdad resulta imprescindible reglamentar un nuevo protocolo contra la violencia verbal en el sacrosanto lugar de la soberanía popular será porque la política española está alcanzando niveles preocupantes de degradación y convirtiéndose, en lugar de en el elemento de concordia que debería ser, en un factor perturbador para la convivencia.

Fue la «violencia política» lo que llevó a este país a una guerra civil. Evitar que el odio torne a adueñarse de los partidos políticos debería ser la prioridad de una presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desbordada por las tensiones pre-electorales y por la falta de educación de determinadas señorías. La solución no estaría tanto en un nuevo reglamento como en la aplicación de las viejas normas de cortesía parlamentaria, si es que alguien con memoria histórica se acuerda de ellas.

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