¿Cambiará la Universidad?

La Universidad «tiene tendencia a predicar la innovación hacia afuera y es conservadora hacia adentro». Son palabras textuales, en un medio de comunicación, del actual Ministro de Universidades (Joan Subirats) poco antes de llevar, el pasado diciembre, su proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Valiente diagnóstico. Y consecuente con las medidas incluidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Muchas cosas han cambiado desde que, hace ya más de tres años, el ministro Castells presentó su primera propuesta de reforma universitaria. Tanto, que ¡hasta cambiaron al ministro! De aquellos textos iniciales quedan ideas sueltas. Nada más. Porque las presiones desde distintos frentes obligaron a tachar y rectificar una y otra vez. Media docena de borradores. En el seno de la comunidad universitaria hubo de todo: protestas y propuestas. Con tirones hacia un lado y hacia el otro. Al final, y cogido con pinzas, un cierto consenso interno.

En principio, la LOSU introduce novedades importantes. Unas, para el conjunto del sistema universitario. Otras, solo para las universidades públicas. Distinción que no siempre puede apreciarse con precisión, ni siquiera en su articulado. Sin embargo, sería fundamental precisar bien en su desarrollo. Si no se hace con tiento y decisión, todo seguirá casi igual. Existen muchas resistencias corporativas e inercias acomodaticias en las universidades consolidadas y, además, en un escenario normativo tan líquido resulta muy fácil encontrar un nicho universitario a empresas que, aunque lo disimulen, buscan ante todo su rentabilidad económica.

Se comprobará si realmente se produce un cambio en nuestras universidades cuando se aprecien avances notables en calidad, transparencia y financiación.

En calidad. A nuestro mapa universitario se le han añadido últimamente demasiados «retales» y es complicado separar el trigo de la paja en el variopinto paisaje de universidades y centros adscritos y en el maremágnum de grados y másteres ofertados en la actualidad. ¿Van a seguir reconociéndose privadas que más bien parecen meras academias expendedoras de títulos al peso? ¿Y autorizar titulaciones sin un posterior control efectivo sobre la impartición de sus enseñanzas? «Los chiringuitos no podrán ser universidades», dijo textualmente el actual ministro a un medio de comunicación (22 enero de 2022). Pues, a ver si es cierto. Si no se garantiza (pero de verdad) la calidad del sistema universitario, el cambio anunciado quedará en agua de borrajas.

En transparencia. Para todas, pero especialmente para las públicas. Se incluyen medidas importantes en plantillas del Personal Docente e Investigador (PDI), aunque hay un notorio olvido del Personal de Administración y Servicios (PAS). Entre otras, formación docente para el profesorado universitario, reducción de la temporalidad y precariedad laboral, establecimiento de una vía paralela al funcionariado, apertura a los titulares de candidaturas a rector, etc. Novedades también en el acceso de los ciudadanos a la universidad, la flexibilización (microcredenciales) de los estudios, la conexión con el mundo empresarial, etc. Por otra parte, se le otorga un gran poder al claustro, órgano que definirá los estatutos de cada universidad y, consecuentemente, su sistema de gobernanza. Todas esas medidas apuntan hacia la democratización de una institución a la que le cuesta mucho salir de su torre de marfil. ¿Será capaz de acabar con la endogamia en el acceso a los puestos docentes y la burocratización en los proyectos de investigación? La transparencia en todos los procesos servirá de buen termómetro para medir el anunciado cambio en nuestras universidades.

En financiación. Para las universidades públicas. Sus rectores la vienen reclamando desde hace años. Pueden tener razón en la mayoría de los casos. Necesitan suficiencia y sostenibilidad financiera, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta dos consideraciones. Una, que los recursos no han de llegar casi exclusivamente de la comunidad autónoma donde radica la universidad. Y dos, que debe funcionar (y no solo sobre el papel) un sistema efectivo y eficaz de rendición de cuentas. ¿En qué fuentes, además de la Administración autonómica, están en condiciones de obtener financiación para investigación y docencia? ¿Para qué sirven realmente los consejos sociales? El cambio se apreciará si la autonomía económica y financiera se refleja en una programación plurianual donde se incluya una financiación por objetivos estratégicos con indicadores medibles, contrastables y periódicamente evaluados.

Se necesita un cambio en la Universidad española. De acuerdo. Posiblemente, el que no llegó a cuajar con nuestra incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La internacionalización es otro asunto pendiente. Modernizar y democratizar las estructuras universitarias, también. Pero habrá que vencer muchas resistencias. Y no aplicar ese método, tan propio de ciertos universitarios, de hacer que parezca que todo cambia, aunque en realidad casi nada cambie. Algo así pasó con la Lomlou (2007). ¿Cambiará ahora con la LOSU? Confiemos.

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