La grave fractura social

Parece evidente que nuestro sistema económico y la estructura institucional y normativa que le da soporte está anquilosado y comatoso. La acumulación de errores, malas prácticas y conductas antisociales, cuando no directamente delictivas, ha generado una fractura social de enorme gravedad, que en buena parte ha puesto de relieve la ineficacia del modelo actual.

Es necesario revisar en profundidad las normas regulatorias del funcionamiento de las instituciones y también de los agentes económicos. El objetivo es doble: reforzar la regulación y el control para evitar que se repitan los desmanes y garantizar la neutralidad del sistema y la protección de la autonomía de todas y cada una de las partes. Se trata de que no se vea limitada o subordinada su actuación a intereses partidistas u otros poderes fácticos.

Más importante es promover a la vez una cultura de la imparcialidad, pues necesitamos con urgencia una sociedad que no esté supeditada en todo a la pugna partidista. Una sociedad capaz de aportar los elementos necesarios para diagnosticar y abordar equilibradamente los problemas que padece. Necesitamos bancos, empresas, sindicatos, patronales, asociaciones civiles, medios de comunicación blindados frente a la manipulación y el intervencionismo político, pero al propio tiempo, deben someterse sin reparos al control más objetivo y transparente. Un escrutinio que haga posible exigir toda clase de responsabilidades por la marcha y el resultado de su conducta. Ello supone reformar en profundidad el funcionamiento de todo el sistema de regulación de nuestro modelo económico, desde los mercados de valores y de la competencia, pasando por el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y otras instituciones. Y debe hacerse sobre los principios de independencia, profesionalidad, rigor demostrable y asunción de responsabilidades por el resultado de las acciones u omisiones. Se trata, en el fondo, de limitar el poder del capitalismo financiero global.

Solo una economía adecuadamente regulada y protegida de los abusos de los jugadores más poderosos permitirá que las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, el pequeño comercio y los emprendedores tengan una opción real de desarrollarse de manera eficiente, sin olvidar que constituyen la base para construir un modelo más estable y competitivo.

Nos corresponde a nosotros, a quienes formamos la sociedad civil, devolver la racionalidad a la política, envuelta en los últimos años en un clima de prejuicios, mitos y oscuros designios de origen incierto y lejano. Diríase que unas fuerzas oscuras tuvieran como objetivo primordial el privarnos de la facultad de decidir sobre nuestro propio futuro.

En primer lugar, debe indicarse, por su mayor entidad cuantitativa y cualitativa, la genuina estafa financiera que se expande de manera piramidal a su vez , en un buen número de compañías de las que dependemos para asegurar nuestro bienestar. Con engaños en muchas ocasiones, nos imponen sobrecargas que suponen un enorme retroceso social, amparando tal pretensión en la supuesta inevitabilidad y con la urticante afirmación de que no son más que la consecuencia de lo que nos merecemos. Es casi imposible no incurrir en un cierto grado de populismo si afirmamos, que es sencillamente inmoral que los verdaderos causantes de todas las crisis tengan el cinismo de echar la culpa de lo ocurrido a sus víctimas, a los ciudadanos normales y corrientes que, en muchos casos, seguimos las recomendaciones de sus entidades porque los empleados, presionados a su vez por sus superiores, nos incitan a realizar operaciones financieras discutibles y de evidente riesgo. La banca, las eléctricas, las compañías de seguros e incluso las agencias recaudatorias gubernamentales de todo tipo están inmersas en una desenfrenada carrera de captación de fondos y ocultación de datos reales.

Es preciso luchar contra su definitiva permanencia. El progreso político siempre se ha definido por su capacidad para proponer e impulsar alternativas. Las hay. Basta tener el coraje y la determinación para ponerlas en pie. Se puede elegir entre gravar los impuestos de las grandes fortunas y patrimonios opacos, o se puede optar por subir el IVA a todo el mundo, dañando a los sectores y las economías ya debilitadas. Se puede, asimismo, elegir entre ahorrar por la vía de los recortes en materias tan sensibles como la sanidad, la educación, la inversión en I+D o el empleo público, aun a costa de subir los impuestos, que permitan un equilibrio presupuestario o, simplemente, para evitar al máximo el déficit por la vía de la privatización de los servicios públicos. Podría y debería optarse por la medida de no perdonar ni rescatar a los defraudadores mientras no se haya exigido la depuración de responsabilidades y el resarcimiento a la sociedad.

La lista de alternativas es amplia y su articulación hace posible vislumbrar los hitos fundamentales que necesita cualquier opción progresista en materia de Economía y Hacienda para mejorar la sociedad a que pertenece.

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