Israel ya no es la tierra prometida

El Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu adoptó la decisión de aplazar temporalmente la reforma judicial en marcha por su ejecutivo, tras la salida de su ministro de defensa y miembro del Likud Yaav Gallant así como ante la presión de las protestas que en todo el país se han venido desarrollando en los últimos tres meses. En el discurso donde se detallaba el aplazamiento de la reforma judicial, el Primer ministro Israelí afirmaba: «Cuando haya una oportunidad de evitar la guerra civil mediante el diálogo, yo –como primer ministro– me tomaré un tiempo para dialogar». Hablar de guerra civil israelí ya es otra cuestión cuando estamos refiriéndonos a uno de los países más importantes de Oriente Próximo y clave en el futuro de la zona.

Estas protestas, cabrían enmarcarse en la lógica de la habitual tensión que como no puede ser de otra forma, pueden generarse ante las medidas que adopta el poder ejecutivo democrático, y la reacción de amplias capas de la sociedad que no aceptan que dichas medidas puedan resultar las más acordes para los estándares de libertad y democracia del país. Sin embargo, forman parte de un largo ciclo que comienza con el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, por parte de un fanático israelí en noviembre de 1995, contrario a los acuerdos de Oslo.

Un periodo caracterizado por tensiones sociales y políticas, de polarización, de la imposición de políticas de bloqueo, de una cada vez mayor presencia del elemento identitario en la acción política e institucional, así como de la novedosa llegada al poder de partidos políticos que aprovechando el sistema electoral que permite un fácil acceso a la representación parlamentaria así como a ser opciones cada vez «reclamadas» por sectores sociales israelíes, y que en su agenda quieren desarrollar un verdadero estado teocrático, donde no es la ley de la democracia sino la ley del judaísmo ultraortodoxo religioso quien impere y transforme en su totalidad la nación. Si ello fuera así, esta zona del mundo donde se encuentra Israel tendría tres teocracias claramente definidas como serían Arabia Saudí, Irán e Israel. ¿Cuáles son las claves que pueden ayudar a comprender la situación doméstica de Israel?

Una primera cuestión, Israel al igual que viene sucediendo en otras democracias está sumida en continuos procesos electorales que dan muestra de una evidente inestabilidad política y social, junto a una evidente reconfiguración del poder sobre continuos bloqueos por parte de las diferentes opciones políticas israelís, un ejemplo es que desde las elecciones de 2001 hasta el presente es difícil descubrir ciclos completos de cuatro años, y en algunos casos se producen como es el caso de 2019 varios procesos electorales.

Una segunda cuestión, los resultados electorales que han supuesto una clara perturbación política para la democracia israelí ante los apoyos que el ya veterano político Benjamin Netanyahu ha necesitado para regresar de nuevo al cargo de primer ministro israelí. Partidos del sionismo religioso han crecido como es el caso de la fusión entre Ben-Gvir y Smotrich –siendo la tercer fuerza política–, así como los ortodoxos no sionistas como es el caso del Judaísmo Unido de la Tora, el partido ortodoxo sefardí Shas que también han mejorado sus resultados. Frente a ellos, el denominado bloque de nacionalismo laico israelí no ha sido capaz de mejorar sus posibilidades electorales. Por tanto, cinco partidos políticos para un gobierno dirigido por un veterano en estas lides de la cábala política. ¿Es posible que exista estabilidad del ejecutivo?

Un tercer aspecto, la existencia de una agenda política por parte del ejecutivo israelí cuyo objetivo aspira a un mayor demérito del resto de los poderes y de institucionalidad democráticas israelí con una especial relevancia del poder judicial donde la reforma judicial planteada por el ejecutivo se sitúa muy en la línea de lo sucedido en países como Polonia o Hungría, buscando la erosión del poder judicial: el ejecutivo podría contar con más capacidad de «influencia» en el comité de selección de jueces, limitar la autoridad del Tribunal Supremo israelí ya que no podría inhabilitar ministros ni juzgar o debatir mociones para declarar no apto al primer ministro, sin olvidar un tercer aspecto de la polémica reforma como es el reforzamiento del parlamento israelí frente al poder judicial a través de la denominada «cláusula de anulación», a través de la misma el parlamento –Knéset– podría promulgar leyes impugnadas por la corte suprema.

También, en esta agenda del ejecutivo se enmarca un mayor cuestionamiento del laicismo israelí frente al judaísmo ortodoxo y que en los últimos años ha sido una realidad de tensión no solo política sino también social: el concepto de ciudadanía y segregacionismo vinculado a la puesta en marcha de la Ley Básica de Israel como nación-estado del pueblo judío, la imposición de un modelo identitario exclusivista para parte de la sociedad israelí no judía, la progresiva erosión de la arquitectura de libertades sobre las que se asienta el país, entre otras cuestiones. Una agenda de gobierno cuyo objetivo esencial es la supervivencia política del Primer ministro Benjamin Netanyahu.

En este entorno de tensión que puede plantear una seria crisis al modelo laicista israelí cabe la contribución de Efraim Halevy, director del Mosad –el servicio de inteligencia de Israel–, entre los años 1998 y 2002 quien alertaba que «el radicalismo de la ultraortodoxia judía representaba una mayor amenaza existencial que el peligro de un Irán nuclear».

Por último, frente a esta situación doméstica tan explosiva para el país, inestabilidad, tensión social, las advertencias del Presidente de Israel Isaac Herzog al diálogo, ha estallado el sempiterno enfrentamiento entre israelíes y palestinos.

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