Opinión

Las mafias italianas eligen España

La presencia de mafias italianas en ciudades españolas (Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Ibiza, Málaga...) está detectada por los diferentes cuerpos policiales desde hace años. En la última década, tanto la actividad como el número de miembros de la Cosa Nostra (la mafia siciliana), la Camorra (napolitana) y la ‘Ndrangheta (calabresa) han ido en aumento, hasta el punto de que España es considerada actualmente una base externa del crimen organizado italiano. De vez en cuando salta a los medios alguna operación policial que nos recuerda su existencia, como la detención en agosto de 2021 de Domenico Paviaglianiti, el jefe de la ‘Ndrangheta, en Madrid, pero por lo general su presencia es tan discreta que puede pasar inadvertida. España no ha destacado hasta ahora por ser escenario violento de luchas de clanes, sino más bien refugio de huidos de la persecución policial en su país de origen, que intentan confundirse como parte de la extensa comunidad italiana en nuestro país. Hay otra importante razón para establecerse en España, que son las posibilidades que ofrecen los puertos de Barcelona y Valencia para el negocio ilegal del narcotráfico, y los vínculos con Latinoamérica y el Magreb. El tráfico de cocaína y de hachís y el blanqueo de dinero a través de la compra de viviendas y restaurantes y otros comercios concentra la actividad de las mafias italianas en la Península.

El atractivo de España para el crimen organizado internacional es todo un reto para las fuerzas de seguridad del país, que ya han creado grupos específicos para combatirlos. Si hace pocas décadas el narcotráfico se concentraba en clanes nacionales, el establecimiento de las mafias extranjeras supone un cambio en el tablero en el que es imprescindible la colaboración policial a nivel internacional. Redes como Interpol y Europol facilitan esta cooperación entre los diferentes cuerpos policiales, con intercambio de información relevante que ha permitido desmantelar algunos grupos mafiosos y los complejos entramados empresariales y fiscales en los que se esconden. Siendo esta colaboración buena, lo cierto es que España no ha conseguido desprenderse de la condición de ser un refugio de mafiosos. Es preocupante que así sea, porque si hasta el momento han procurado mantener un perfil bajo, eso no reduce la peligrosidad de estas mafias, cuya actividad criminal es más evidente en sus países de origen, ni impide que en el futuro puedan ampliar sus negocios a otras actividades ilegales en las ciudades españolas donde están implantadas.

La persecución del crimen organizado se sostiene sobre tres patas: la policial, la legal y la judicial. Sucede que no siempre las tres actúan al mismo ritmo: las fuerzas policiales piden celeridad y contundencia para capturar a los delincuentes, mientras la justicia puede alargar los procesos hasta hacerlos poco efectivos. La legislación española es también más laxa que en los países de donde las mafias son oriundas. Y de todo eso se benefician los criminales. Sin abandonar las obligadas garantías democráticas, debería ser posible revisar todo lo que falla en el sistema para actuar con misma rapidez con que actúan los delincuentes, agilizando trámites y adaptando leyes, para que las mafias (italianas o no) dejen de ser invisibles en nuestro país.