Y para este viaje, ¿estas alforjas?

¿Qué ha cambiado desde que el Gobierno destinó 26,4 millones a la unión de estaciones?

Reconozco que me resulta extraño, increíble. Sorprendente sí, me atrevo a decir que llega a rozar lo estrambótico. Y pese a lo polémico que pueda estar resultando el asunto, entiendo que la mesura y la prudencia, pero también la transparencia y el rigor técnico deben ser principios que acompañen la vida pública y que guíen la toma de decisiones, sean tomadas o por tomar.

Y es que, desde la distancia, no alcanzo a ver tan siquiera a divisar qué ha cambiado desde aquel lejano 14 de diciembre de 2022 hasta la fecha (menos de seis meses), momento en el que a bombo y platillo se anunció la concesión por parte del Gobierno Central (si, desde Madrid) de un importe de 26,4 millones de euros de Fondos Europeos para la Unión de Astún y Formigal. O al menos qué ha cambiado desde un punto de vista estrictamente medioambiental, técnico, económico y social (su objetivación al máximo sería muy conveniente) para que una inversión inicialmente aplaudida e imagino sesudamente pensada y gestionada, llamada a ser uno de los puntales sobre los que apalancar no el desarrollo sino el mantenimiento de una parte importante de ciertos valles pirenaicos durante las próximas décadas caiga de repente en el ostracismo, poco menos que en el repudio. Porque lo cierto es que desde aquel lejano diciembre hasta al menos la primera quincena de febrero el apoyo del gobierno autonómico y de las instituciones provinciales, además de otros sectores económicos y sociales fue, al menos públicamente, unánime.

Si por el contrario la respuesta es que algo suficientemente relevante y de calado; si nos atenemos a los ecos en prensa poco menos que una auténtica atrocidad medioambiental ha sucedido como para propiciar un giro de 180º, que pasó por delante sin que nadie se hubiera dado cuenta, la consecuencia inmediata debería ser la exigencia de las correspondientes responsabilidades a todos los niveles de la Administración, políticos sí pero también de carácter técnico y administrativo, por cuanto algo realmente mal se habría realizado (¿se acuerdan de los trenes que no son capaces de atravesar los túneles de Asturias?) y, en consecuencia, se habría perdido un tiempo realmente precioso para poder utilizar y destinar tan magna cifra a otros proyectos alternativos merecedores del apoyo público. Amén del descrédito producido y la pérdida reputacional que del mismo se pueda derivar para el territorio y sus gentes.

Vaya por delante (desconozco si a alguien le puede interesar) que en modo alguno soy partidario de que entes privados se vean beneficiados del aporte público directo; del conocido en la gran crisis financiera como la socialización de las pérdidas y la privatización los beneficios solo hay un paso. De ahí que toda garantía y contraprestación sea no solo bienvenida sino también necesaria. Pero tampoco creo que en una sociedad democrática y avanzada se deban acatar mantras y eslóganes a golpe de hecho consumado, de titular y de estereotipo, de fotografía y voz suficientemente difundida y ampliada, con independencia del período electoral que medie. Y menos aún permitir arrogarse la voz de unas gentes y de un territorio al que tan solo ya le faltaba que su futuro fuese decidido por personas e intereses ajenos al mismo.

Achacar y responsabilizar a esta u otra inversión/desinversión de problemas estructurales que hunden sus raíces en el tiempo como la falta de vivienda y de servicios, pero también y lo más importante de personas, tampoco parece lo más razonable. Si estos son los problemas existentes en el territorio se deben exigir soluciones concretas y determinadas a los mismos (parece que para algunos sean males babilónicos nacidos anteayer), pero no solo ahora en periodo electoral. La propia Adelpa (Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés), en otoño de 2009 puso negro sobre blanco determinadas conclusiones, susceptibles entiendo de ser debidamente actualizadas, en su informe Indicadores de población en las cabeceras de los valles del Pirineo aragonés. Propiciar esa diversificación (no solo sectorial sino también económica y por ende geográfica y demográfica) es algo que llevamos reclamando y exigiendo con apuestas concretas, no solo a los valles pirenaicos sino a todas las cabecera de comarca como verdaderos sujetos dinamizadores del territorio, debería ser exigible y compatible.

Rectificar es de sabios, más si se está a tiempo, pero en democracia explicarlo es obligado y necesario.

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