¿Qué votamos en las próximas elecciones?

Ya hemos alertado alguna vez en esta misma tribuna del peligro de los que defienden que todos los partidos políticos son iguales o, en su versión más sofisticada, de los que proclaman el fin de las ideologías. Si se encuentra con alguien que le hace cualquiera de esas afirmaciones, especialmente si se trata de algún responsable político, échese mano a la cartera porque seguramente tratará de metérsela doblada. Es por eso que ya les advierto: las próximas elecciones generales del 23 de julio van a ser, con toda seguridad, las elecciones en las que la ideología va a estar más presente. Eso sí, no todos se lo van a decir con la misma franqueza.

Desde la derecha el discurso va a ser, más o menos, el de las pasadas municipales y autonómicas: «acabar con el sanchismo», aunque todavía no nos hayan explicado en profundidad qué significa eso. Les invito a hacer la prueba: busquen en internet al portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, explicándolo en una rueda de prensa, y traten de no sonrojarse.

El PP y Vox han convertido los próximos comicios en un plebiscito sobre la figura del presidente y han dejado sus propuestas e ideas en un segundo plano. La derecha articulaba tradicionalmente sus campañas en torno al discurso económico, presumiendo de una mejor gestión de los dineros públicos frente al derroche de la izquierda, pero la realidad es que después de cuatro años de gobierno de coalición la economía española, sin estar para tirar cohetes, puede presumir de las mejores cifras de empleo y de paro de las últimas décadas, y con récord de afiliados a la Seguridad Social. El gravísimo problema global de inflación está siendo contenido y España se ha convertido en el primer país europeo en reducirla por debajo del 2%, al tiempo que todas las instituciones económicas rectifican al alza nuestro crecimiento, después del duro impacto de la pandemia.

Entre tanto, las propuestas del PP para la próxima legislatura, anunciadas por Feijóo la semana pasada, fijan objetivos que supondrían la reducción del ritmo de crecimiento actual de la economía española, mientras que, con la misma capacidad para manipular cifras y realidades, Vox ahondará en su idea de combatir el separatismo (pese a que el porcentaje de independentistas bajó del 49 al 38% en Cataluña durante la actual legislatura), eliminar la «okupación» (pese a que este delito apenas supone un 0’8% de todos los registrados por la policía), y combatir la «legislación de género» (pese a que las agresiones sexuales, abrumadoramente padecidas por las mujeres, son precisamente el delito que más ha aumentado en los últimos años: un 34% desde 2014).

En el fondo, los programas del PP y Vox, aunque no se lo vayan a decir, no son otra cosa que la traslación a nuestro país de las ideologías más conservadoras. Por un lado, la que viene del otro lado del Atlántico, la de Trump y los republicanos estadounidenses, basada en la sistemática reducción de los impuestos y el adelgazamiento del Estado, pero que solo esconde el aumento de los patrimonios de las grandes fortunas y el empobrecimiento de las clases medias (reducidas en EEUU en un 11% en las últimas décadas), y que no duda en negar realidades científicas como el cambio climático, fomentando políticas irresponsables, tal y como hemos podido ver recientemente con el caso de la gestión de los recursos hídricos en Doñana por parte de la Junta de Andalucía.

Pero nuestra derecha también mira hacia el otro lado, hacia el Este, de donde toma las propuestas de los gobiernos de ideología más reaccionaria de Europa, Hungría y Polonia. De allí toma el cuestionamiento de las decisiones de la UE, los «burócratas de Bruselas», como le gusta decir a Abascal; pero también la negación de la violencia de género, pese a las 1.200 mujeres asesinadas desde 2003; o la restricción a leyes como las del aborto, la dependencia o la eutanasia, que han colocado a nuestro país, siempre bajo gobiernos de la izquierda, como un referente de los derechos sociales en todo el mundo. Y por encima de todo, el futuro del sistema sanitario, la próxima pieza que se quiere cobrar la derecha por el inmenso beneficio que puede producir a las grandes empresas que se dedican a explotar el modelo de privatización que ya se ha ensayado en Madrid, Murcia o Andalucía, comunidades donde, casualmente o no, se registra el menor gasto público sanitario por habitante de toda España.

Lo que se decide el próximo 23 de julio no tiene nada que ver con dejar o no que Pedro Sánchez permanezca en el cargo. Reducirlo a eso es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Lo que se decide realmente es el modelo de sociedad queremos para la España de los próximos años: una en la que de nuevo importe más beneficiar a los que más tienen mediante reducciones de impuestos y privatizaciones de servicios públicos, en la que se recorten avances y conquistas sociales, en la que importen más los símbolos que las realidades; u otra en la que se siga legislando para acortar las desigualdades, en la que se tenga conciencia de las necesidades del medioambiente, en la que se piense que los que vienen a este país no son una amenaza, en la que las formas de disfrutar de la sanidad y la educación no marquen la frontera entre ricos y pobres.

Los dos son modelos legítimos, con cosas buenas y malas en ambos, pero profundamente diferentes en lo que representan. Es hora de que los ciudadanos decidan.

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