Facilitar la conciliación desde la escuela

Las vacaciones escolares ponen de manifiesto, más si cabe que durante el curso lectivo, la necesidad (urgencia) de establecer mecanismos para la conciliación de horarios en las familias. Evidentemente, el nudo gordiano a desatar está en el horario laboral, un debate abierto desde hace años y que no acaba de cerrarse. Pero los tiempos escolares (horarios y calendario) tienen también considerable repercusión en los desajustes organizativos que se producen en muchas familias, especialmente si trabajan ambos miembros de la pareja.

¿Qué se puede hacer desde el mundo de la educación para facilitar (en lo posible) esa conciliación familiar? Mucho. Durante el curso escolar, ampliar la apertura de los centros antes y después del horario lectivo y establecer un horario de tutoría personalizada (¿en quién se piensa cuando se coloca a las once de la mañana?) «asequible» para las familias, por poner solo dos ejemplos. Durante las vacaciones escolares, aprovechar unas instalaciones tan estupendas como las que disponen la mayoría de los centros educativos; pueden rentabilizarse mucho más las de los públicos (colegios e institutos) y llegar a acuerdos (¿por qué no?) de utilización con la titularidad de privados concertados.

Solo se necesitan ganas. Si la gestión de la educación formal escolarizada (académica, curricular) corresponde casi exclusivamente a las administraciones educativas autonómicas, la no formal parece quedar en tierra de nadie o, mejor, en el voluntariado de algunas entidades sociales o en el bolsillo de las familias, algo que no sucede en otros países. Podría ser muy distinto si la administración local asumiese la planificación y gestión de programas y actividades complementarias y extraescolares. Espacio tienen… y cobertura legal, también. «Las administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las administraciones locales» se dice textualmente en la Lomloe (D. Adicional 15), un texto que lleva casi veinte años vigente y que puede ponerse en consonancia con la delegación de competencias contemplada en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), entre otras, la «realización de actividades complementarias en los centros docentes» (art. 27.3.f). Si se quiere, pues, se puede.

Algunos ayuntamientos y otras entidades locales (comarcas, mancomunidades) han dado pasos muy significativos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recoge y publica buenas prácticas llevadas a cabo en municipios españoles (encuentros, concursos), en muchos casos en colaboración con la correspondiente administración autonómica. El tema del mes (diciembre 2022) de la revista Cuadernos de Pedagogía, dedicado al papel educador de los municipios, recogía experiencias, análisis y propuestas muy interesantes que bien pudieran servir de referencia a los dirigentes locales que hace bien poco han tomado posesión de sus nuevos cargos.

Las posibilidades son muchas: durante el curso y, sobre todo, en los períodos vacacionales de los escolares. Abrir los centros educativos durante el verano no debería ser algo extraordinario, sino una práctica habitual en la mayoría de los municipios. Aunque algunos ayuntamientos tengan problemas, no sirve de excusa la falta de presupuesto, ya que pueden conseguirse recursos de entidades locales mayores (diputaciones, por ejemplo) y de la propia administración autonómica a través de convenios de cooperación. Organizar una colonia de verano, por ejemplo, con base en un colegio y haciendo uso, además, de otras instalaciones municipales (piscinas, bibliotecas, polideportivos, etc.) no resulta imposible, ni mucho menos. Además, se abre un nicho de trabajo, aunque sea temporal, a monitores y personal especializado, casi siempre población joven de la propia localidad.

Con iniciativas de este tipo se ofrecen oportunidades de ocio, convivencia y formación a la infancia y juventud, tan escasas para quienes menos recursos tienen, y se presta un servicio «imprescindible» para muchas familias que, salvo que cuenten con abuelos «disponibles», se ven obligadas a hacer malabarismos (y pagar) para conciliar durante las vacaciones de sus hijos e hijas. Es, sobre todo, cuestión de voluntad política.

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