Amnistía según para quién

Qué empeño tenemos los españoles en hacer bandos que nos coloquen uno frente a otro para mantener eso de la España unida. Se atribuye una frase al mariscal Bismarck: «España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentando destruirla y no lo han conseguido». Lo que expresa la cita, al margen de la autenticidad, es verdad y queda confirmado por Machado en su poema Las dos Españas: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón».

Hacemos gala de ser un pueblo democrático y así lo confirmo. Lo hemos hecho real, y puesto negro sobre blanco, con la Constitución de 1978. En aquella época éramos conscientes de que estábamos ante un reto que significaba que todos los derechos y libertades quedasen bien cimentados contra todo tipo de injusticias e insolidaridades, sin embargo, ahora somos conscientes de que esa es una tarea que no termina jamás. Hay que vigilar contra quienes quieren que la realidad de ser español sea su modelo.

Tenemos un Congreso compuesto por 350 diputados designados por los ciudadanos como sus representantes populares y me gustaría que alguien me dijese si cualquiera de ellos, desde el número 1 al 350, o bien, desde Vox a Bildu por poner dos extremos, es menos legal que otro en ese edificio de la Carrera de San Jerónimo, donde dos leones de bronce, por cierto, esculpidos por el escultor zaragozano Ponciano Ponzano y Gascón, guardan sus puertas. Entendamos que todos han sido elegidos con votos igual de libres.

Por tanto, ¿por qué a los diputados que votan, según su criterio, a favor de propuestas del Gobierno se les denomina gobierno Frankenstein? Es injusto y por supuesto incorrecto. Cada diputado tiene su libre voto y sólo responde ante sus representados y, afirmo con toda rotundidad que, mientras la decisión de lo que es España sea la determinación, primero de los diputados, y excepcionalmente de todos los españoles, sabré que todo está funcionando en el sentido democrático y libre al que no renuncio.

Si entendemos esto, también deberíamos comprender que cada uno tiene sus propios pensamientos y representan intereses diferentes, que serán realidad en la medida que tengan apoyos suficientes y cabida en la Constitución. Esto no tiene otro significado que el debate político parlamentario.

No se debe tener miedo ni limitaciones de aquellos que piensan de forma discrepante a la nuestra. Ahora tenemos una batalla, así la considero, con la cuestión de la amnistía demandada por partidos independentistas catalanes. Pues bien, nos echamos las manos a la cabeza como si fuésemos a saltar por los aires y los años, en mi caso todavía con memoria, me hacen recordar la Ley 46/1977 de Amnistía. En esta ley quedaban incluidos presos políticos, actos de rebelión y sedición, delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil española y durante la dictadura franquista, los casi 40 años que duró. Las cifras más benévolas para ella recogen 150.000 muertos, además de miles de encarcelados exiliados y torturados. Esta ley que significaba el olvido del franquismo, tabla rasa, fue votada por un número considerable de diputados entre los que se encontraban Felipe González y Alfonso Guerra, a los que ahora la palabra amnistía les produce una terrible alergia. Y me pregunto: ¿con qué amnistía debes taparte más las narices: con una dictadura proveniente de una guerra o con un acto de sedición de un día sin víctimas? Y qué es peor: ¿40.000 millones de euros escamoteados a todos los españoles, evadidos al extranjero y amnistiados por Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, o ese ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017?

A mí no me gusta ese instrumento político que es la amnistía, pero debo entender el fin que busca y entonces me taparé la nariz y aceptaré su uso, siempre con las condiciones necesarias de que no vuelva a producirse el mismo delito. Debemos conseguir que las definiciones sobre España, de Bismarck y Machado, continúen siendo actuales. Seamos de verdad españoles admitiendo que la diversidad de pensamiento debe ser libre y será la voluntad popular mayoritaria y el marco constitucional quien marque el camino.

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