Opinión | EL ARTÍCULO DEL DÍA

Un hito de la justicia universal

Un 16 de octubre de 1998, a instancias de Garzón, era detenido en Londres el general Pinochet

El 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, era detenido en Londres el general Augusto Pinochet, hecho que supuso todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal a la hora de luchar contra los delitos de genocidio, como el cometido por el dictador chileno. La detención de Pinochet exaltó a la extrema derecha de su país, la cual arremetió contra Garzón en los más duros términos, incluso haciendo uso de su indisimulado antisemitismo, aludiendo al origen judío del apellido Garzón. También en España la actitud valiente de nuestro juez chocó con rechazos y críticas. Así, Eduardo Fungairiño, el entonces fiscal de la Audiencia Nacional, llegó a negar la competencia de Garzón para instruir este caso, opinión que también compartía Felipe González, lo cual pretendió avalar con el sorprendente argumento de que «nosotros (España) no somos quiénes para juzgar: la época colonial acabó en el siglo XIX».

Frente a estas actitudes, los abogados Joan Garcés y Enrique de Santiago se manifestaron, desde el primer momento, favorables al procesamiento de Pinochet. A ello hay que añadir que, días después, varios países pidieron también la extradición del dictador, como fue el caso de Suiza, Francia, Suecia, Noruega, Canadá, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos e incluso Chile.

Ante esta situación, la actitud del Gobierno del PP de José María Aznar fue muy tibia y reticente. De hecho, Aznar llegó a decirle al premier británico Tony Blair que el tema «es una desagradable patata caliente». Además, Aznar, olvidando deliberadamente el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que declaraba que «será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional» susceptibles de tipificarse como delitos, entre otros, el de genocidio, le comentó al presidente italiano Massimo D’Alema: «No quiero que España se convierta en un Tribunal Penal Internacional», con lo cual dejaba patente su escaso compromiso por impulsar la persecución de los crímenes de genocidio por medio de la aplicación de la justicia universal y, por ello, lo cercenó más tarde mediante la Ley Orgánica 1/2014 que modificaba en sentido restrictivo la anteriormente citada Ley Orgánica 6/1985.

Finalmente, el juicio se inició el día 9 de noviembre y el Gobierno británico autorizó inicialmente la extradición, a pesar de que el Gobierno chileno, por medio de José Miguel Insulza, ministro del Partido Socialista (¡qué pensaría el presidente Allende si hubiera podido verlo!), presionó al Gobierno de Blair para evitar la extradición de Pinochet a España. Durante el juicio, diversas alegaciones de los abogados defensores, tanto desde el punto de vista jurídico como recurriendo a motivos humanitarios (la edad y el estado de salud del general genocida), lograron la repetición del juicio, el cual se inició, de nuevo, el 17 de enero de 1999.

Más tarde, el 14 de abril de 1999, Jack Straw, el ministro de Asuntos Exteriores británico, autorizó por segunda vez la extradición de Pinochet por 38 casos de tortura. Y, así las cosas, la oposición al procesamiento judicial de Pinochet llegó al esperpento cuando el fiscal Fungairiño intervino en defensa del general, incluso antes de que lo hicieran los propios abogados defensores del dictador chileno.

Durante el proceso judicial volvió a haber interferencias y presiones políticas en varias direcciones. Así, el presidente de Chile, Eduardo Frei (DC), pidió directamente a Aznar «desatascar el carro del general Pinochet, sacándolo del atolladero judicial: una solución amistosa de arbitraje político de Estado a Estado» y, por ello, el presidente Aznar pensó en pedir «un Dictamen al Consejo de Estado que se sustancie por el Parlamento», una propuesta que el PSOE rechazó. Otras presiones fueron las realizadas por Henry Kissinger, exsecretario de Estado norteamericano, instigador del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Allende, que reclamó la liberación de Pinochet y su inmediata vuelta a Chile. La actitud d Kissinger fue duramente recriminada por el escritor Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y premio Nobel de la Paz en 1986, diciendo que «resulta increíble que Kissinger, un emigrante alemán que ha padecido en su familia y en sí mismo la persecución genocida de Hitler, pida la libertad de un dictador responsable de miles de crímenes de lesa humanidad» a la vez que señalaba que «hay que agradecer iniciativas como la del juez Garzón que abren las puertas a la justicia universal y a que nuestro mundo sea más justo».

Durante el juicio, Margaret Thatcher defendió a Pinochet por la ayuda que brindó a Gran Bretaña durante la guerra de Las Malvinas de 1982 contra Argentina, aprovechando la ocasión para rechazar lo que la Dama de Hierro calificaba como un «juicio show», a la vez que atacaba al juez Garzón.

Pero, en esta fase del proceso judicial, cuando todas las acusaciones incriminaban a Pinochet, se recurrió al reducto legal de la «compasión» para que el general eludiera la previsible extradición y condena, una compasión que la frialdad criminal del general, entonces senador, nunca tuvo con sus víctimas. Y así fue... El Gobierno de Chile pidió su libertad «por razones humanitarias» y el ministro Straw, alegando motivos médicos, tomó la decisión política de liberar a Pinochet, lo que, según Garzón, fue una flagrante burla antijurídica.

Fue así como el general genocida eludió la extradición y, después de 503 días de detención en Londres, retornó a Chile el 2 de marzo de 2000, en una silla de ruedas, coartada por su supuesto precario estado de salud, una silla de ruedas que dejó de lado cuando llegó al aeropuerto de Santiago de Chile para, acto seguido, pasar revista, con paso marcial, a la compañía militar de honores que lo recibió. Meses más tarde, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton ordenó desclasificar 16.000 documentos secretos en los que quedaba patente la implicación de la CIA en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, una desclasificación que respondió a una solicitud del juez Garzón. Una iniciativa que, al igual que la detención y el procesamiento de Pinochet en Londres, conmocionó positivamente los planteamientos de la justicia internacional.