Opinión

La polarización de la calle

Llevamos casi una semana de manifestaciones rematadas con enfrentamientos con la policía y cargas de los antidisturbios a las puertas de la sede del partido socialista en la calle de Ferraz. Unos días en los que hemos visto también un fracasado intento de condicionar desde el exterior las sesiones parlamentarias del debate de investidura de Pedro Sánchez. La tensión en las Cámaras y ante las cámaras, con desplantes, descalificaciones y acusaciones de golpismo y ruptura de la legalidad democrática, se ha trasladado a las calles (y a la plaza pública que son las redes sociales, en un fenómeno de retroalimentación de lo virtual y lo presencial). Literalmente en algún caso, como cuando los diputados de Vox dejaron el salón de plenos para alentar a quienes se manifestaban frente al Congreso en lugar de escuchar a quienes les replicaban. Las voces más desaforadas de la extrema derecha han hecho que de las concentraciones contra la amnistía de las últimas semanas se haya pasado a un diario aquelarre nocturno.

Ni la crispación y polarización política que ciega los cauces del diálogo, ni el traslado del debate político de forma estridente a la calle, son fenómenos nuevos, aunque la irrupción de la extrema derecha y la capacidad de desinformación e inflamación de las redes sociales sí lo sean, y la exhibición de mensajes abiertamente antidemocráticos lleven a una muy justificada inquietud. Peores fenómenos paralelos a los denunciados ahora (rodeo de sedes de partidos, escraches en domicilios particulares, imprecaciones contra políticos de signo opuesto en la vía pública) se han sucedido en otros momentos de la historia reciente. Cabe recordar desde las movilizaciones por la guerra de Irak a las manifestaciones de rechazo por las mentiras del Gobierno de Aznar tras el 11M, el movimiento de los indignados, con acciones como el rodeo del Congreso o el sitio al Parlament para impedir que se celebrara un pleno, o los altercados contra la sentencia del procés, un año después. Que, siguiendo un patrón común en muchos de estos casos, se iniciaban con manifestaciones pacíficas que derivaban, y a menudo no con los mismos protagonistas, en acciones violentas.

Resulta muy fácil excusar las protestas que encajen con nuestras ideas y simpatías y condenar las que nos repugnan. Pero ese no debería ser el criterio. El derecho a manifestación es legítimo, y con pocas excepciones. En España solo se consideran ilícitas las manifestaciones que «se celebren con el fin de cometer algún delito» y en las que se esgriman armas u objetos peligrosos, y solo pueden ser prohibidas, además de estas, las que con motivos objetivos supongan peligro para la seguridad de personas y bienes. Y no debemos olvidarlo. Es cierto que el reproche político puede extenderse, más allá del criterio de licitud o no, sobre acciones en las que se manifiesten expresiones de odio, se alcance el umbral de la violencia o se llame a ella, se intente impedir el funcionamiento normal de las instituciones democráticas o haya acciones de coerción, persecución y señalamiento personal. Esa debe ser la frontera a no cruzar. Y eso ha sucedido en movilizaciones de muy diverso signo y en diversos momentos. Sobre todo cuando el debate político no ha encontrado otros cauces de expresión viables que la confrontación.