Opinión

El coste de los pactos

Una encuesta realizada por Gesop para el grupo Prensa Ibérica, del que forma parte EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ha sondeado el estado de ánimo del electorado respecto a los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para obtener su investidura como presidente del Gobierno. Y ha proyectado también cuál sería el impacto en el caso de que se volviera a ir a las urnas. Algo que en el caso de las elecciones europeas no sucederá hasta junio de 2024. En lo que respecta a las generales (sobre las que ha preguntado la encuesta), no deberían llegar hasta dentro de cuatro años según la voluntariosa previsión del presidente del Gobierno. Aunque no son pocos los obstáculos que pueden interponerse para que este plazo se haga realidad, la mayor o menor capacidad de movilización que se reconozca al PP y Vox en las últimas semanas no debe ser tomada como un reflejo fiel del sentimiento del conjunto de la sociedad española. Como tampoco debe concluirse que el rechazo, o cuando menos la incomodidad, ante los compromisos asumidos para arrancar el voto de Junts y ERC se limite al electorado de estos dos partidos.

Tampoco una encuesta tiene el mismo valor que el escrutinio tras unas elecciones, como se manifestó en los últimos comicios. Pero sí dibuja tendencias en un momento concreto: y según el sondeo del Gesop resultaría evidente que el malestar generado por los pactos de investidura, en particular con el partido de Carles Puigdemont, es mayoritario en toda España menos Cataluña y el País Vasco (y aun en estas comunidades afecta a una porción de los votantes que ha de incluir a buena parte de las propias bases socialistas, no especialmente satisfechas por el protagonismo concedido a las que no dejan de ser la tercera y la cuarta fuerzas políticas catalanas, tanto el 23J como en este sondeo). Un desgaste que, de celebrarse ahora elecciones, sería capitalizado de forma prácticamente exclusiva por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que estaría en condiciones de formar una mayoría con Vox (aunque aún no de hacerlo con otros partidos, como el PNV o CC, que podrían estar dispuestos a acuerdos que impidieran la influencia de la extrema derecha en el Gobierno).

Probablemente Sánchez ya daba por descontado que el impacto inmediato de su cambio de rumbo respecto a la amnistía y de añadir a Junts al conjunto de apoyos (con ERC y Bildu) de que ya contaba cuando acudió a las urnas, tendría un coste a pagar. Tanto como parece esperar que parte de ese rechazo se disuelva con el tiempo, cuando se vea que el acuerdo con el independentismo habrá servido, como dijo este domingo, «para vivir en un país más cohesionado, con más convivencia» y «más unido que nunca».

Está claro que no podrá contar con la aportación de la oposición para asentar esa mejora de la cohesión. Pero tampoco tiene garantizado que un pacto que a corto plazo no va más allá de garantizar su permanencia en el gobierno tenga, como contrapartida asegurada a medio plazo, que sus socios colaboren en lograr esa «estabilidad, normalización y convivencia» que también vaticinaba José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez tiene ahora el reto de convencer a los descontentos de que los réditos del pacto van más allá de su propia continuidad. Pero ni lo tendrá fácil, ni dependerá solo de sí mismo.