Opinión

Repartir los costes de la inflación climática

Excepto para aquellos que quieren negar la evidencia, el cambio climático tiene efectos en múltiples ámbitos. Uno de ellos, percibido durante los dos últimos años, se sitúa en el terreno de los precios, en lo que ya se conoce como inflación climática, o aumento de precios vinculados a los costes derivados del calentamiento global. Por citar un ejemplo, se calcula que el calor extremo en verano de 2022 hizo subir la inflación de los alimentos en Europa en un promedio de 0,67 puntos porcentuales. La repercusión no será igual en todos los países, pero las proyecciones permiten aventurar que España será uno de los más afectados. Según un informe del Banco Central Europeo (BCE), la ubicación meridional, la importancia de la producción agrícola y el peso del turismo internacional explican gran parte de la mayor vulnerabilidad de la economía española. Si nos centramos en la agricultura, por ejemplo, la prolongada sequía generará una pérdida media de la cosecha del aceite de oliva de entre el 60% y el 90%, un producto básico en la dieta de la mayoría de ciudadanos, que ya han visto como el precio final en los supermercados subía un 40% respecto al año pasado.

Más repercusión tendrá, aún, la denominada inflación verde, es decir, el encarecimiento de las materias primas necesarias por las nuevas tecnologías de la descarbonización. Si España pretende avanzar hacia una menor dependencia de las energías fósiles, la transición hacia modelos energéticos limpios se traducirá, por una parte, en menores ingresos en aquellos sectores más dependientes de las energías contaminantes y, por otra, en un incremento de los precios en determinados productos y servicios, sea por vía impositiva o por traslado al consumidor del precio final. Según Deloitte, un impuesto al combustible aéreo supondría una pérdida de 4,5 millones de turistas internacionales y 10.000 millones de euros de PIB al final de la presente década. Mientras que la decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de coches con motores de combustión y sustituirlos por eléctricos implicará, según fuentes del sector, un aumento medio del 40% en los costes de fabricación de los nuevos vehículos.

Este aumento de costes derivado de la inflación climática (como los gravámenes que se han introducido o se introducirán en sectores como el del plástico, las emisiones de barcos y aviones o a materias primas básicas para la industria, casos del acero, el cemento o el aluminio) no presenta una solución fácil, ante el objetivo irrenunciable de avanzar hacia un modelo económico sostenible, desde el punto de vista energético. En la medida en que aceptamos que no es posible mantener las dinámicas que más contaminan o que consumen más recursos, y que es necesario adoptar medidas para la descarbonización, hay que aceptar el coste que supone. Si bien no es lo mismo el esfuerzo económico, por ejemplo, que debe hacer un agricultor para invertir en sistemas de riego o cultivos más sostenibles (que repercute en positivo en el resto de la población, por lo que debe fomentarse, si es necesario con recursos públicos), que el pago de impuestos por actividades consideradas contaminantes, cuyo efecto debería ser disuasorio. En todo caso, la responsabilidad debe ser asumida por todos los actores implicados (también Administraciones y agentes productivos), de manera que no todo el coste de la inflación climática recaiga en el consumidor final.