Opinión

Aragón, con el viento a favor

Las energías renovables se han convertido en los últimos años en uno de los sectores con más potencial para la comunidad aragonesa, no solo por su rápido despliegue en el territorio sino también porque es ya una herramienta de primer nivel para mejorar la competitividad de las empresas y atraer proyectos de calado a un territorio ávido de inversiones.

La tarea iniciada por el anterior Ejecutivo de Javier Lambán ha situado a Aragón como la comunidad española que ha aglutinado la mayor parte de la potencia nueva instalada para generar electricidad a través de la energía eólica. De hecho, en el último lustro se han puesto en marcha un total de 3.217 megavatios, el 44% de los 7.259 incorporados a nivel nacional desde 2018, según los últimos datos publicados por el operador del sistema, Red Eléctrica, perteneciente al grupo Redeia. Y todo ello, a pesar de que existen numerosos proyectos que se encuentran atascados en la fase de tramitación en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

El desarrollo de infraestructuras energéticas y su menor coste de producción respecto al entorno europeo, unido a la existencia de suelo en abundancia, viento y sol y a la agilidad administrativa mostrada por la DGA hacen de la comunidad un enclave idóneo para alojar compañías intensivas en consumo de energía. Así lo atestigua la llegada de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) y Microsoft, y la posible instalación de una gigafactoría de Stellantis para producir baterías para coches eléctricos en Figueruelas.

El Gobierno autonómico de Jorge Azcón ha tomado nota del efecto multiplicador que puede tener el desarrollo de las renovables en Aragón y seguirá la misma senda que su antecesor, a pesar de que ha puesto en marcha una comisión de investigación para analizar el despliegue de las renovables en Aragón, una iniciativa que formó parte del programa electoral del PP para las autonómicas. Sin embargo, el Ejecutivo PP-Vox acaba de anunciar que mantendrá el decreto sobre renovables aprobado a finales de la pasada legislatura hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el Gobierno central. El objetivo de la norma era impulsar el consumo energético de cercanía y reducir su coste aprovechando la expansión de las renovables en la comunidad.

La energía se ha convertido en el nuevo Dorado de Aragón siempre que se sepa aprovechar para atraer riqueza y actividad. Eso, sin olvidar que habrá que buscar un equilibrio virtuoso entre el desarrollo y las exigencias medioambientales.