Deseada vuelta al cole en enero

Para miles de niñas y niños de nuestro país, la vuelta al cole en enero no les la supuesto ningún esfuerzo. Al contrario. No les cuesta nada volver a encontrase con sus compañeros y con sus profesores. Es una bendición. Especialmente para quienes viven hacinados en casas sin calefacción y muy menguados recursos familiares. Porque la pobreza infantil existe. Aunque haya quien no la quiera ver. Según Save the Children, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social afecta a un 28,3% de los niños y niñas de España, es decir, a 2,2 millones.

Vuelven a clase. Donde pueden disponer de medios técnicos y de ayuda del profesorado. Y de comedor escolar en la mayoría de los centros. Un servicio cada vez más necesario. Para niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad, prácticamente imprescindible. Seguramente la única comida caliente y saludable al día. Y si, además, en el colegio se le añade el desayuno o la fruta a la hora del recreo, como se hace con programas de alimentación saludable en algunos centros educativos, mejor que mejor. Lo necesitan. Y mucho.

Por eso no resulta fácil de entender por qué el comedor escolar tiene precios tan diferentes cuando los menús son realmente bastante parecidos. Ni por qué es gratuito (o casi) para todos los escolares en unas comunidades autónomas y no en otras. Ni por qué algunos gobiernos regionales racanean con las becas a los más necesitados mientras extienden las ayudas públicas a familias que disfrutan de altos (incluso muy altos) ingresos económicos. Ni por qué no les llegan las becas de comedor escolar a quienes realmente más las necesitan.

Son preguntas que tendrían una «no tan difícil» respuesta. Si se quisiese, por supuesto. Porque las administraciones autonómicas, que aprueban los precios del servicio de comedor en los centros sostenidos con fondos públicos, podrían establecer una horquilla para evitar diferencias notables de unos centros a otros. Porque esas mismas administraciones, en colaboración con las entidades locales, podrían aumentar el número de centros con cocina propia, al menos en la pública, abaratando costes y ganando así en calidad del servicio. Porque las administraciones regionales podrían establecer un precio ajustado y un riguroso control de menús en el caso de que el servicio de comedor se preste por catering por una empresa ajena al centro. Porque podrían diseñar un sistema público y transparente que garantizase que toda familia con necesidad recibe la suficiente información y ayuda administrativa para que su solicitud de beca de comedor (o de cualquier otro tipo) pueda tramitarse, en tiempo y forma, ante el organismo correspondiente.

Pero lo cierto y verdad es que no es así. Un informe de Infancia Educo (Recetas que educan. 2023) dice que «las becas comedor solo llegan aproximadamente al 11% de niños y niñas en riesgo de pobreza». Hay más. Esa misma ONG afirma que el 13,51% de las familias de renta más baja no pudieron acceder a las becas por desconocimiento y por no saber cumplimentar su tramitación. Mientras tanto, en un estudio de EsadeEcPol (Radiografía del gasto de las familias en material escolar y las becas que ayudan a compensarlo.2023) se dice que el 13,2% de los hogares más pudientes se benefician de ayudas públicas; y conviene añadir que, en alguna comunidad autónoma, de forma escandalosa.

¿Soluciones? Las hay, por supuesto. Ahí van algunas propuestas. Entendidas las becas (incluidas las de comedor) como derecho subjetivo, garantizar la gratuidad total a la población escolar en riesgo de pobreza y en cualquier nivel educativo. Establecer que los requisitos económicos que fijen el derecho a recibir una beca de comedor, ahora tan diferentes de unas comunidades autónomas a otras, sean iguales o superiores a los umbrales de pobreza definidos por el INE. Considerar los diferentes modelos de familias y la diversidad cultural en el diseño del sistema de becas, simplificando al máximo los trámites burocráticos y estableciendo apoyos para cumplimentar la solicitud de las ayudas. Bueno sería también que las instituciones públicas (central, autonómicas, locales) alcanzasen acuerdos de cooperación para optimizar las ayudas dirigidas a los servicios educativos. Y sería de desear, además, que las entidades bancarias y grandes empresas colaborasen con los poderes públicos, incluyendo en su obra social un programa específico destinado a la gratuidad del comedor y del material escolar para el alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social.

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