Hasta los 18

Aunque no aparezca en el orden del día de la actualidad política, comienza a tomar cuerpo un runrún que posiblemente se abra paso con fuerza a lo largo de esta nueva legislatura. Se trata de «universalizar» la educación hasta los 18 años de edad. Dicho así, sin anestesia, ¡queda bien! Pero, ¿cómo? Porque una medida de ese calado necesita muchas matizaciones y a buen seguro que, caso de abordarse, requerirá tocar muchos palos para que pueda salir adelante. Y, lógicamente, tendría que ir acompañada de cambios en el currículo, apoyos y refuerzos, reducción de ratios, flexibilización de grupos, etc.

La situación es compleja. En España, la edad general de comenzar a trabajar es a los 18 años, cuando se tiene capacidad para firmar un contrato de trabajo, aunque excepcionalmente, y con consentimiento o autorización de sus padres o tutores, se puede iniciar a los 16 (RD 2/2015 Estatuto de los Trabajadores, art. 6 y 7). Quiere esto decir que, hasta esa edad (mínima laboral), todos los jóvenes tienen que estar escolarizados, quieran o no quieran ellos o sus padres y sea en el nivel o modalidad que sea de nuestro sistema educativo. Así lo determina la Lomloe (art. 4) al decir que «la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando enseñanza básica hasta los dieciocho». Prácticamente lo mismo que decía en 1990 la Logse (art. 5 y 6), la ley orgánica que amplió la escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años. Desde entonces todo ha cambiado mucho, tanto en el ámbito laboral como en el educativo.

Ahora estamos más o menos como en la mayoría de países europeos. Con datos de Eurydice (La educación obligatoria en Europa. 2022-2023), en un cuarto de los países europeos la educación/formación obligatoria (niveles CINE 1 y 2) es obligatoria durante más de once años (en España, 10) y generalmente dura hasta los 18 años, bien a tiempo completo en instituciones educativas o a tiempo parcial en estudios profesionales con prácticas en empresas. En todo caso, la mayoría de los jóvenes europeos están dentro de sus correspondientes sistemas educativos hasta alcanzar la mayoría de edad y, consecuentemente, su posible incorporación legal al mundo laboral.

En España, la tasa de escolarización de la población entre 15 y 19 años es del 87,9%, algo por encima de la de la UE (87,7%) y superior a la media de países de la OCDE (84,0%), como puede comprobarse en el estudio Panorama de la Educación. Indicadores de la educación. 2023. Otra cosa es la distribución de esa población escolarizada. Mientras en nuestro país sólo el 24,0% está matriculado en programas de formación profesional, ese porcentaje llega al 37,2% en la media de la UE. Aunque aquí está creciendo la FP, el mayor volumen de alumnado español de esas edades se decanta por estudios de bachillerato que conducen hacia la universidad.

En un nivel u otro de enseñanza, tenemos escolarizada a la mayor parte de la población juvenil. No hay problemas de plazas escolares, ya que sobran en casi todos los sitios, incluso en las grandes ciudades. Puede haber dificultades para escolarizar más alumnado en unos pocos ciclos formativos de formación profesional, ya saturados, pero podría solucionarse con una ajustada planificación previa y, lógicamente, con los recursos consiguientes. Pero hay que contar con la actual ubicación académica de ese alumnado mayor de 16 años. Solo el 8,4% cursa educación básica obligatoria (ESO o ciclos formativos de grado básico) y, consecuentemente, gratuita. El resto (la mayoría) está en enseñanzas postobligatorias que, hoy por hoy, no son gratuitas en la normativa estatal. Ahí es donde habría que actuar.

La universalización de la educación hasta los 18 años en nuestro país conllevaría la gratuidad de los ciclos formativos de grado medio y superior y la de los bachilleratos. Contamos con una «ventaja»: la caída demográfica, que afecta ya (y afectará más) a todo nuestro sistema educativo. Ese objetivo de «universalización» podría alcanzarse por dos caminos. Uno, garantizando una plaza a quien la solicitase en un centro público y que esa plaza fuese gratuita: una medida asequible presupuestariamente en la mayoría del territorio español. Y otro, ampliando los conciertos con centros privados para que esas enseñanzas fuesen gratuitas en los actuales niveles postobligatorios: una medida que, con matices (concierto total o parcial/singular), ya están aplicando algunas comunidades autónomas. Los dos no tienen que ser, necesariamente, contrapuestos; hasta podrían ser compatibles en un ambiente político y social sosegado. Además de las medidas educativas consecuentes por la extensión de la obligatoriedad, habría que calibrar bien su coste económico para las arcas públicas y el efecto que priorizar uno u otro camino tendría en la actual red de centros sostenidos con fondos públicos. Ese es el nudo gordiano a desenredar cuando se habla de «universalizar» la educación hasta los 18 años.

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