La trampa rusa
El Parlamento Europeo aprobó la pasada semana una resolución en la que se denuncian los intentos de injerencia del Kremlin en los procesos políticos de los estados miembros de la UE. En el texto se citan numerosos ejemplos de los supuestos movimientos de desestabilización de la Rusia de Putin: desde la financiación de la extrema derecha francesa o italiana hasta los acuerdos de cooperación política con la ultraderecha austriaca. En su día, también la mano del Kremlin meció la cuna que alumbró el Brexit. La diputada letona Tatjana Zdanoka, que está siendo investigada por la Eurocámara, sería uno de los componentes de esa trama, situada en el corazón mismo de la Unión.
Es en este contexto en el que la cámara insta al España a investigar los contactos entre dirigentes independentistas y altos funcionarios rusos, incluyendo las «estrechas relaciones personales» entre «las autoridades del Gobierno (…) de Cataluña y el Kremlin», en alusión a Carles Puigdemont, actual eurodiputado. La resolución europea converge en el tiempo con la agenda política y judicial española: Pedro Sánchez está negociando la ley de amnistía con JxCat y diversos procesos judiciales están ahondando en líneas de imputación (terrorismo, por los desórdenes del Tsunami, y potencialmente alta traición, por los contactos del entorno del expresident con Rusia) que justamente dificultarían la aplicación de la amnistía a Puigdemont.
Más allá de estas coincidencias, y de hasta qué punto puedan tener consistencia desde el punto de vista penal, la resolución del Parlamento Europeo fue aprobada por una amplia mayoría –433 votos favor, 56 en contra – y contó con el aval de los dos primeros grupos de la Cámara, el socialista y el popular, en los que están inscritos el PSOE y el PP. Y aunque los intereses en clave estrictamente española estuvieron más que presentes en las enmiendas presentadas para citar explícitamente el caso catalán, y en las intervenciones en el transcurso del debate, el mensaje político lanzado por la Eurocámara responde a una preocupación mucho más amplia, y ajena a estrategias partidistas locales.
Las evidencias se han ido acumulando sobre la presencia de agentes del Servicio Federal de Seguridad en cada uno de los episodios en que la posibilidad de polarizar las sociedades europeas favorecía los intereses de Putin: animando a movimientos dispuestos directamente a secundarlos, o implicados en procesos de desestabilización que lo hicieran de forma indirecta. Si este fue el caso en Cataluña, en un ejemplo más de inconsciencia, y si quienes flirtearon con Moscú, aunque no fueran agentes de la trama rusa, cayeron en la trampa rusa, es materia hoy sub iudice.
Pero se trata de una amenaza para toda la Unión, a la que el régimen ruso considera su antagonista en la guerra de Ucrania, ante la que la transparencia es clave. No solo para contrarrestar las tácticas de desinformación en las que Rusia confía para interferir en la opinión pública europea sino también para exponer los intereses económicos y vínculos políticos entre el Kremlin y las fuerzas populistas en auge ante los próximos comicios europeos. Para que los ciudadanos, como han reclamado algunos parlamentarios, acudan a votar «con conocimiento de causa». Esta es una responsabilidad que compete, también, a los medios de comunicación. Más allá de conveniencias o coincidencias.
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