La decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla (PP), de bonificar ya desde 2022 el 100% del impuesto sobre Patrimonio en su comunidad –siguiendo la estela de la decisión adoptada en Madrid en 2011– ha revolucionado el debate sobre la competencia fiscal entre las autonomías. Y lo ha revolucionado por dos motivos. Primero, porque al ser la segunda región con menor renta per cápita (después de Canarias) y la que menos recursos por habitante recibe del sistema de financiación autonómica (junto con Valencia y Murcia) era difícil imaginar que Andalucía se fuera a permitir bonificar un impuesto que hasta ahora reportaba 93 millones a sus arcas autonómicas. Segundo, porque Moreno reconoció abiertamente que lo que busca es robar contribuyentes ricos de otras comunidades y apeló directamente a los que residen en Cataluña.
En Aragón, por el contrario, ni el presidente de la comunidad, el socialista Javier Lambán, ni el líder de la oposición y presidente del PP, Jorge Azcón, defienden suprimir el impuesto al Patrimonio, pese a que este último dijera que «no le gusta» el gravamen. De fondo, sigue abierto en canal el debate de la insuficiencia financiera para prestar los servicios básicos con un sistema de financiación autonómica por reformar desde 2014, y por el que desde Aragón se insiste en inclinar la balanza hacia la población ajustada y el envejecimiento frente a los gigantes ricos en población, como Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Ingresos tributarios
La mejora de los ingresos tributarios que la recuperación económica posterior al covid y la inflación están proporcionando a las comunidades autónomas parece favorecer ahora la toma de decisiones que en otros momentos hubieran sido sumamente arriesgadas. Con datos hasta el mes de junio la recaudación de impuestos de las comunidades ha crecido el 10,7%, aportando 3.525 millones más al conjunto de las arcas autonómicas.
En concreto, la recaudación fiscal en Andalucía creció el 8,1% hasta junio (302 millones más que en el mismo periodo de 2021); el 8,5% en Cataluña (623 millones adicionales) y el 8,6% en Madrid (614 millones más). En Murcia, que acaba de anunciar que rebajará su tramo autonómico del IRPF en un 4,1% para corregir la inflación, la recaudación por sus impuestos sube el 14,5% (93 millones) y en Galicia, cuyo gobierno ha comprometido una bonificación adicional del 25% en el impuesto sobre patrimonio, hasta el 50%, sus ingresos tributarios suben el 9,8% (142 millones adicionales hasta junio).
La competencia fiscal entre las comunidades autónomas no es nueva. En mayor o menor medida, los gobiernos autonómicos han hecho uso de su capacidad de subir o bajar los impuestos sobre los que tienen cierta capacidad normativa, pero estas prácticas se acentuaron sobre todo a partir de 2008, con la crisis económica y la necesidad de mayores ingresos. Después de eso, la tendencia a subir impuestos cedidos se mezcló con una competencia a la baja en la que la Comunidad de Madrid, con su entonces presidenta Esperanza Aguirre (PP), inició fuertes bajadas a través de sus impuestos sobre la Renta, Sucesiones y Patrimonio (que lo suprimió en 2011).
El resultado es una disparidad creciente entre los impuestos que se acaban pagando en una comunidad u otra. Cálculos realizados por la doctora en Ciencias Económicas Maite Vilalta Ferrer en el volumen Desafíos pendientes de la descentralización en España, con datos sobre 2017, estiman que las decisiones tomadas por el conjunto de los gobiernos autonómicos supusieron entonces una pérdida de recaudación de 1.695 millones de euros (el 1,7% del total de sus ingresos potenciales) respecto a lo que hubieran podido recaudar sin haber ejercido sus competencias autonómicas.
En Madrid, los cambios supusieron una pérdida del 14,1% sobre su recaudación potencial. Mientras, en Extremadura permitieron casi duplicar su recaudación (con un aumento del 98,6%). Sin embargo, en Cataluña, los cambios operados en el IRPF y en los impuestos cedidos se saldaron con una menor recaudación de 313 millones, el 1,5% de la recaudación potencial total del año 2017.
El juego que han practicado unas y otras comunidades autónomas sobre los diferentes impuestos dan como resultado que los contribuyentes no paguen el mismo nivel de impuestos en unas comunidades que en otras. Por eso, desde Aragón, que se encuentra en los primeros puestos de la recaudación en los gravámenes de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones, se viene reclamando una «armonización fiscal».
El último en pedirlo ha sido el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, este jueves en sede parlamentaria, ante una interpelación de Ciudadanos. «Entre la recentralización que propone el ministro Escrivá, y el mantenimiento de la autonomía de las comunidades autónomas, a la que no podemos renunciar, habrá seguramente un camino intermedio que tenga que ver con la armonización, la necesaria armonización. Si no, esto se va a convertir en una jaula de grillos», confesó.
Aragón recaudó con el impuesto de Patrimonio 53,6 millones de euros en 2021 (del año fiscal de 2020), un 8,5% más que el ejercicio anterior (49,4 millones). Estos ingresos representan aproximadamente el 14% de lo que obtiene la DGA con los tributos cedidos por el Estado que gestionan las comunidades autónomas (Sucesiones, Donaciones, impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados ).
Entre 2015 y 2016, el Ejecutivo aragonés, entonces en manos de la coalición de Gobierno PSOE-CHA, redujo el mínimo exento del citado tributo de 500.000 a 400.000 euros, lo que hizo que más aragoneses se vieran obligados a pagar el impuesto. De hecho, ese umbral es el más bajo de todo el país. En la mayoría de comunidades el mínimo se sitúa en los 700.000 euros. En los últimos días, el Partido Popular ha pedido precisamente esto: elevar el umbral del impuesto de Patrimonio hasta los 700.000 euros y aplicar bonificaciones. Sin embargo, ya dejó claro el titular de Hacienda que no se atisban cambios. El acuerdo del Gobierno cuatripartito tan solo reclama «mantener la presión fiscal en Aragón por debajo de la media española» y, avisó Pérez Anadón, a ocho meses de las elecciones hay «demasiada diversidad en la Cámara» como para llegar a acuerdos.
