Como respuesta a la conmoción social que ha causado el hecho de que Bernardo Montoya, tal como él mismo ha confesado, matara a la joven profesora Laura Luelmo pocas semanas después de salir de la cárcel, el Gobierno anunció ayer que está «reflexionando» sobre cómo «hacer más efectivas» las medidas de libertad vigilada que ya contempla el Código Penal, para evitar casos como el asesinato de la joven profesora en El Campillo (Huelva).
Y es que el trágico suceso ha sido aprovechado por el PP para promocionar una de sus medidas estrella en materia punitiva: la prisión permanente revisable. De hecho, el líder popular, Pablo Casado, en su rifirrafe parlamentario semanal con el presidente pidió ayer a Pedro Sánchez que no derogue este castigo, porque es la «mejor fórmula para evitar» la reincidencia y hacer que «los asesinos y violadores estén en la cárcel».
En su respuesta, el jefe del Ejecutivo recordó a Casado que la cadena perpetua revisable está «en vigor» y, pese a ello, «no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato». Asimismo, reiteró que el Gobierno no derogará esta medida punitiva hasta conocer la posición del Tribunal Constitucional (TC).
LOS CAMBIOS EN EL PSOE
El PSOE fue precisamente uno de los partidos que recurrió la medida en el 2015 ante el Tribunal Constitucional y en la oposición defendió la necesidad de que sea derogada. Pese a ello, al llegar al poder aclaró que esperaría a que los jueces se pronunciaran. «Es lo más razonable», argumentó de nuevo ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien acusó a Casado de «confundir» a la sociedad sobre una medida que ya existe y de «usar el dolor» que ha provocado el asesinato en Huelva de la joven docente zamorana.
En los pasillos del Congreso, Calvo argumentó que ante la «convulsión» de la sociedad, la respuesta debe ser la apertura de una «reflexión» sobre cómo reforzar la aplicación del artículo 106 del Código Penal, que ya prevé la libertad vigilada de un reo con aparatos electrónicos, las comparecencias periódicas ante el juez o la prohibición de aproximarse a una víctima. Los controles se destinarán, según precisó, a aquellos presos que han cometido «delitos muy graves» y que las estadísticas indican que pueden acabar «en reincidencia», como los relacionados con la libertad sexual de las mujeres y los menores.
AGRAVAMIENTO DE LAS PENAS
«El artículo 106 no acaba de desarrollar el potencial que tiene porque las medidas contempladas en el caso de Laura hubieran sido útiles», señaló. Con todo, la vicepresidenta admitió que el Ejecutivo no tendrá listos los cambios «con la premura que a veces los sentimientos piden».
Por otro lado, Calvo anunció que la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, iniciada con motivo de la sentencia de La manada, contendrá una «definición clara» de lo que es violación y agresión y un «agravamiento de las penas». Ese documento verá la luz en breve.
UN DEBATE QUE VA Y VIENE
El debate sobre la prisión permanente revisable surge cada vez que se produce un asesinato que conmociona a la ciudadanía. De hecho, justo cuando se resolvió el macabro crimen del niño Gabriel, el pasado marzo, Partido Popular y Ciudadanos, en su sempiterna lucha por conseguir el voto conservador, rivalizaron por endurecer la medida punitiva. El intento fue estéril y el resto de grupos frenaron su propósito en un debate en el Congreso que fue bronco y visceral.
Cs ha dado varios bandazos en torno a este tema y en los últimos meses defiende que se cumplan «de manera efectiva» las penas y se revisen los permisos penitenciarios y el tercer grado, puesto que opina que la cadena perpetua revisable, «por sí sola, no soluciona el problema».
