La sanidad penitenciaria de Albolote a Zuera: un médico para 300 internos y enfermerías convertidas en módulos psiquiátricos

En España un total de 47.116 personas privadas de libertad se encuentran bajo la gestión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La Organización Mundial de la Salud estima que, por cada 1.000 internos, la ratio media de médicos penitenciarios se sitúa en 3,5 en nuestro país, y en 8 en Europa. Es decir, cada médico tiene actualmente a su cargo a 297 reclusos por término medio.

Los últimos datos facilitados por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, reflejan que ocho de los 66 penitenciarios dependientes de la administración central no cuentan a día de hoy con ningún médico en su plantilla. Son las prisiones de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ávila, Cáceres, Cuenca, Murcia, Santa Cruz de la Palma, Soria, Tenerife y, recientemente también, la de A Lama (Pontevedra).

Desmantelamiento progresivo

Francisco Amaya Ortega, coordinador nacional de sanidad penitenciaria de CSIF Prisiones en Albolote (Granada), asegura que "se ha producido un desmantelamiento progresivo desde hace 20 años aproximadamente de la sanidad penitenciaria, que antes era muy buena, y ahora, se mantiene a base de parches".

Explica que las condiciones laborales, la falta de recursos y las bajas remuneraciones, en comparación con el resto de compañeros que ejercen en el Sistema Nacional de Salud, sumado a las oleadas de jubilaciones de una gran parte del personal, está propiciando que muchas de las plazas ofertadas de médicos de prisiones se queden sin cubrir.

Amaya recalca que el 67% de las plazas médicas en estos centros están vacantes -de 536 puestos de médicos hay vacíos 358- y añade que los sanitarios son cada vez más mayores: "Nos vamos jubilando y no viene nadie".

Sobrecarga de trabajo

"No tienes tiempo, no tienes material y tienes sobrecargado al personal", prosigue el representante del CSIF en Albolote que relata que en este centro granadino antes se pasaba consulta médica unas dos veces por semana en cada módulo y ahora se hace "cada dos semanas como mínimo".

Las últimas veces que se han convocado plazas para médicos de prisiones "se han presentado poquísimos" y esto se debe, principalmente a las condiciones económicas

Mariano Sanz, portavoz de Acaip y delegado de la prisión de Zuera (Zaragoza), expone que las últimas veces que se han convocado plazas para médicos de prisiones "se han presentado poquísimos" y esto se debe, principalmente a las condiciones económicas. "Los médicos no tienen problema para acceder a un trabajo, pero es cierto que en una prisión, de media más o menos sabes que vas a cobrar mínimo 600 o 1.000 euros menos que trabajando en cualquier otro sitio", refiere.

Por su parte, la solución sería "dotar presupuestariamente de manera que a los médicos les atraiga trabajar en una cárcel". Una idea que comparte también Francisco Amaya que reclama mejores incentivos salariales para animar a las nuevas promociones y lamenta que la administración penitenciaria "no se plantee atraer talento".

Competencias sanitarias

En este punto, los sindicatos mayoritarios del sector -CSIF y Acaip- coinciden en señalar que el camino hacia una mejora de la gestión sanitaria debe pasar por la transferencia de competencias sanitarias en las prisiones desde Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas.

Sin embargo, más de 20 años después de la aprobación de la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003, el traspaso sigue sin hacerse efectivo. Únicamente se ha conseguido llevar a cabo en Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

"Un sistema paralelo"

Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), señala que, en la práctica, lo que existe es "un sistema paralelo que no está bien conectado" y que hay "una obligación y un deber legal y ético de corregirlo".

"Se estima que en estas comunidades (Cataluña, País Vasco y Navarra) hasta el 17% de la población penitenciaria está atendida por unos servicios especializados en salud mental, similares a los de la población en general y, en cambio, en las comunidades sin competencias transferidas prevalece el modelo tradicional de asistencia sanitaria, que está infradotado de recursos y sabemos que no funciona bien", expone el psiquiatra.

Desde CSIF Prisiones, Francisco Amaya también apunta a una "absoluta falta de voluntad política" para llevar a cabo este procedimiento y concluye que la clave está en la financiación. Señala que “el área sanitaria supone un gasto que se puede solventar perfectamente”, y que el problema reside en la calidad de la atención farmacológica “que requiere unos gastos muy elevados para tratar enfermedades como la hepatitis C, el VIH, la salud mental, etc.”. 

Amaya reitera que hay una población que necesita unos tratamientos psiquiátricos que son "costosos, novedosos y que presentan pocos efectos secundarios". "La atención farmacológica es cara y eso no lo quiere nadie"”, enfatiza.

La esperada transferencia

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es consciente de la situación que atraviesa la asistencia sanitaria en las cárceles pero insiste en que "la línea prioritaria de actuación es que se haga efectiva la transferencia de competencias a las comunidades autónomas". Desde su entrada en 2018, los responsables de Instituciones Penitenciarias afirman que han mantenido contacto con diferentes responsables territoriales de salud de las CCAA, y enfatizan que, desde entonces, se ha conseguido el traspaso de Navarra en 2021.

Mientras que se efectúa esta transferencia, aseguran que "se están tomando medidas para garantizar la atención" de los reclusos. Entre otras, señalan la contratación de médicos interinos mediante convocatorias de empleo públicas y la contratación de recursos externos por algunos centros.

Alternativas

Licitaciones y contratos menores a empresas privadas y durante un período de tiempo determinado son las soluciones que están tomando las cárceles ante el bloqueo de competencias.

Por poner algunos ejemplos, y según los datos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el Portal de Contratación del Sector Público, la cárcel de Zuera en Zaragoza tiene actualmente contratados los servicios de medicina externa de asistencia primaria para los internos a cargo de CMD SALUD CALIDAD INTEGRAL, hasta mayo de 2024, por un valor de 53.800 euros.

El Centro Penitenciario de Huelva tiene una solicitud "en evaluación" por servicios de Medicina Externa de Atención Primaria, por 54.000 euros, por un plazo de un año, hasta mayo de 2024.

En la cárcel de Alhaurín (Málaga), se convocaron dos contratos menores en 2022 para dar servicios de apoyo a las guardias de urgencias. Estos contratos se adjudicaron en febrero de 2023, por valor de 14.316,00 de euros a ENVIRONMENTAL GLOBAL SYSTEM SL. Además, en febrero de 2023 se atribuyó por un período de un año a MEDICAL SERVICE CARE un servicio externo de apoyo a la salud por 14.816 euros.

La prisión de Alicante Cumplimiento cuenta con una licitación del servicio de asistencia médica externa de atención primaria adjudicado a ACCIO SALUT SL desde marzo de 2023 hasta 12 meses después (marzo 2024) por valor de 43.819,78 euros.

Desde Intituciones Penitenciarias sostienen que solo dos de los centros consultados (el de Cáceres y el de Zuera) cuentan a día de hoy con la contratación de servicios generales de asistencia médica externos.

La complejidad de la asistencia

Pese a todo esto, Manuel Martín recuerda que "lo importante es que las personas tengan la atención que necesiten" y reconoce que “la complejidad que va tomando la asistencia sanitaria va a exigir que exista una colaboración entre los recursos de agentes públicos y privados porque la realidad ya está desbordando cualquier capacidad de atención”.

El representante de ACAIP, Mariano Sanz, incide en que el traspaso de competencias agilizaría esta coordinación. "Debería tenderse a los modelos que funcionan adecuadamente para corregir la disparidad desproporcionada de recursos y oportunidades que existen para las personas internas en el medio carcelario", concluye.

Otro de los recursos que utilizan los centros penitenciarios es el uso de la teleasistencia médica, una técnica que suscita recelos entre sindicatos y expertos. Desde Instituciones Penitenciarias afirman que se trata de "un recurso de refuerzo" a la atención sanitaria de los reclusos.

La telemedicina

Para Mariano Sanz "la telemedicina no deja de ser un parche que puede paliar un poco la situación" pero remarca que "la figura del médico en una prisión es vital". Por su parte, Manuel Martín Carrasco, afirma que "es una herramienta que debe utilizarse", pero no debe sustituir totalmente a la atención presencial, algo que “de momento no se puede suplir con teleasistencia", advierte.

Francisco Amaya (CSIF) argumenta que este recurso se utiliza en la práctica "para solventar problemas legales de orden interno" -como las valoraciones de ingreso de los reclusos- pero no asistencias médicas de carácter urgente. "En vez de contratar médicos, darles calidad de trabajo y pagarles, ponen un parche. Es la política del parche”, apostilla. Desde CSIF reconocen que no tienen "esperanza de que esto vaya a mejor porque -insisten- la tendencia es a parchear". 

Salud mental en prisiones

El Libro Blanco sobre la atención sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España, elaborado por la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, señala que entre 4 y 5 de cada 100 internos tiene un trastorno psíquico grave. En total, se estima que el 25% de los internos tienen problemas de salud mental. 

El déficit de atención especializada en salud mental en las cárceles es otro de los problemas que afrontan las prisiones en España.

"Es terrible", admite Francisco Amaya, que comenta que, al igual que ocurre con la atención sanitaria general, "cuando no tienes recursos suficientes aumentan las urgencias" y, esto produce a su vez, una "sobrecarga mental" para los profesionales, que pasan a tener un mayor porcentaje de pacientes a cargo.

Ingresos en prisiones

Manuel Martín Carrasco afirma que "hay un número más elevado de personas con trastornos mentales en prisión de lo que corresponde a la prevalencia en la población en general” y añade que "muchas personas que están reclusas no están recibiendo la atención que necesitan". "El medio carcelario no es el más adecuado para estos trastornos", puntualiza.

El psiquiatra explica que unas veces el ingreso puede ser el desencadenante del desarrollo de un trastorno mental pero otras veces el interno ya entra con él, y por eso, es importante que haya una "actitud preventiva desde el ingreso". Aunque afirma que, lo ideal sería conocer cuál es el estado de salud mental de la persona cuando entra en prisión, no se sabe con exactitud el número de personas con trastorno mental grave que hay en el medio penitenciario español. En este sentido, reivindica la necesidad de un censo para contabilizar estos casos.

"Las enfermerías de las prisiones se han convertido en pequeños módulos psiquiátricos"

Mariano Sanz

— portavoz de ACAIP-UGT

El portavoz de ACAIP-UGT, Mariano Sanz, incide en que esta falta de recursos y de atención personalizada a enfermos con trastornos mentales graves ha derivado en que "las enfermerías de las prisiones se han convertido en pequeños módulos psiquiátricos".

A día de hoy sólo existen en España dos centros penitenciarios psiquiátricos en todo el territorio nacional, -el de Sevilla y el de Alicante- para albergar a los reclusos con enfermedades mentales graves. Aunque no todos van allí. Francisco Amaya indica que las personas que padecen estos trastornos "son pacientes que deberían estar internos en centros de terapia donde el personal fuera exclusivamente sanitario”.