Con algunos extintores caducados, sin respetar distancias de seguridad, sin aportar todos los seguros obligatorios actualizados y sin haber obtenido la licencia de ocupación de la vía pública. Pese a esas deficiencias administrativas y de seguridad, ha pretendido montar en Burjassot la Feria de Navidad Alejandro C. S., el dueño del castillo hinchable en cuyo siniestro perdieron la vida el 4 de enero de este año dos niñas de 4 y 8 años, Vera y Cayetana, durante la feria navideña de Mislata, y lo ha pretendido a pesar de estar investigado judicialmente por dos delitos de homicidio junto con su suegro, el ingeniero de parte que certificó aquella atracción y un técnico municipal del consistorio mislatero.

Sin embargo, en esta ocasión se ha quedado en intento porque los funcionarios del Ayuntamiento de Burjassot han cumplido con su función inspectora a tiempo, lo que ha derivado en paralizar la apertura de la feria hasta la subsanación de esas deficiencias, algo que no sucedió en Mislata, según se desprende de la investigación policial y judicial, que ha destapado una cadena de anomalías y fallos graves de seguridad en la instalación, montaje y uso de las atracciones.

El imputado quiso montar la feria de Burjassot sin licencia, con fallos de seguridad y sin tener los seguros en orden

En el caso de Burjassot, agentes de la Policía Local detectaron, ya el 24 de octubre, la colocación de placas que prohibían el aparcamiento en el parking del polideportivo municipal entre principios de noviembre y finales de diciembre. ¿La razón? El montaje de la feria de atracciones. No solo eso, sino que incluso habían comenzado a colocar vallas para perimetrar el espacio asignado a la feria.

Los agentes buscaron al responsable y le comunicaron que retirase de inmediato señales y vallas, dado que no disponía de permiso alguno para ‘apoderarse’ de ese espacio público, a lo que el feriante investigado por las muertes de Vera y Cayetana alegó que ya había solicitado la licencia de ocupación de la vía pública –está investigado por los homicidios, pero nadie ha clausurado su actividad como feriante, por lo que tanto él como su suegro pueden seguir trabajando sin cortapisas–.

Prohibición de montaje

La respuesta fue clara. Sin la licencia concedida no iba a haber montaje. Días después, se le otorgó ese permiso, dado que reunía los requisitos administrativos para obtenerla, pero tampoco se les permitió abrir al público hasta que el ingeniero municipal revisase no solo la declaración responsable presentada junto con el resto de la documentación, sino una a una las atracciones, su montaje y su ubicación.

Tampoco pasaron el corte. Las distancias de seguridad no eran las correctas –el año pasado ya habían tenido problemas por lo mismo en Burjassot, cuyo ayuntamiento les impidió abrir en la fecha prevista porque una de las instalaciones invadía levemente el espacio de seguridad de reserva junto a las vías de FGV–, varios de los extintores estaban caducados y en la documentación aportada faltaban los seguros obligatorios de algunas de las atracciones.

Alejandro C. S. está acusado de dos homicidios junto a su suegro, un ingeniero de parte y un técnico municipal de Mislata

El ayuntamiento le dio un plazo para subsanar esas deficiencias y lo hizo, así que el feriante ha podido poner en marcha las atracciones –el pasado fin de semana fue el primero–, dado que ahora sí cumple con los requisitos exigidos.

Bajo investigación desde hace un año

Tanto Alejandro C. S. como su suegro y promotor de las actividades como feriantes de ambos y de otros miembros de su familia, José Antonio M. A., están investigados en una causa abierta por dos delitos de homicidio y varios más de lesiones a raíz del accidente en el que fallecieron Vera, de 4 años, y Cayetana, de 8, al salir proyectadas cuando una ráfaga de viento levantó por el aire el castillo hinchable sobre el que estaban jugando con otros nueve niños, varios de los cuales también sufrieron heridas.

En el mismo procedimiento, que investiga el grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València bajo la dirección de la jueza de Instrucción número 4 de Mislata, están imputados el ingeniero de parte contratado por los feriantes para certificar cada una de las atracciones y el recinto ferial en su conjunto, José Pablo B. L., de quien la Policía sospecha que revisó a distancia –su teléfono posicionaba ese día en Elx, donde está su despacho– las instalaciones a pesar de haber declarado que lo hizo en persona, y el técnico municipal Rubén S. G., quien comparecerá ante la jueza por primera vez como investigado el próximo mes de enero, siete días después del primer aniversario de la muerte de las dos niñas.