Tres condenas en su haber por lesiones y podría sumar ahora otra por homicidio imprudente. Daniel Z. A. se sentó este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza por una brutal agresión a un vecino de Calamocha en la discoteca Supernova de la capital aragonesa. La víctima estuvo un mes en coma y medio año ingresado en el hospital. El encausado, que afronta 7 años de cárcel, pidió perdón a la vez que excusó que todas las pelas "fueron en discotecas, de madrugada y con alcohol". De hecho incidió en que aquella noche bebió, junto a tres personas más, tres botellas de vodka que combinó con bebidas energizantes. Aquel 30 de septiembre del 2018 fumó unos porros de marihuana, si bien señaló ante el tribunal que él también solía consumir cocaína y cristal.
Durante su declaración, este joven que permaneció 16 meses en prisión provisional reconoció que no podía dar ninguna explicación sobre los hechos que se le imputan porque no se acuerda de nada. "Por las noches me viene a la cabeza un puñetazo que le suelto, pero no sé", afirmó a preguntas de su abogado defensor, Enrique Trebolle, a quien le explicó que a la víctima no le conocía de nada. Sí recordó que los porteros del establecimiento le echaron "de forma desmedida".
"Estoy súper arrepentido. Si tuviera dinero lo pagaba y si pudiera rebobinar lo haría porque tengo un dolor en el pecho. Estoy muy mal y quiero pedir perdón", afirmó al final de su declaración, si bien cuando coincidió con la víctima en el estrado y frente a los magistrados desaprovechó la ocasión de hacerlo. Desde que entró en el centro penitenciario está en un programa de desintoxicación.
"Me ha cambiado la vida"
La víctima, por su parte, sólo pudo destacar cómo le ha cambiado la vida después. Trabajaba como operario de mantenimiento en una empresa y ahora no, jugaba en el Calamocha (en primera regional) y ahora no, antes retenía ideas y ahora se le olvida todo e incluso ha dejado de tener relaciones sexuales.
Los hechos que investigó el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se remontan a primera hora de aquel domingo, hacia las 6.12, Daniel Z. A., fue expulsado de Supernova por los porteros de la empresa que se encarga de la seguridad. Al parecer, habría protagonizado un incidente en el interior, y al no ser la primera vez que sucedía los responsables de seguridad llegaron a prohibirle la entrada. El acusado coincidió en la puerta del recinto con la víctima, de 27 años, que estaba disfrutando de una boda.
Según el personal de seguridad de la discoteca, el procesado estaba "muy agresivo" aquella noche y que lo sacaron a la calle porque ya había antecedentes hasta el punto que durante un tiempo tuvo prohibido el acceso a Supernova.
El personal de admisión recordó que Daniel Z. A. trataba de encararse con ellos y que le intentaron calmarle. Explicó uno de ellos que "algo tuvo que decirle la víctima", que estaba en las escaleras de la entrada fumando, para que este fuera hacia él y le diera "dos puñetazos". Otro destacó que fueron "mínimo tres puñetazos" que le hicieron caer al suelo inconsciente mientras otro joven que no pudo ser identificado se acercó y le dio una patada en las costillas.
Una brutal agresión que estos trabajadores insistieron en que se produjo en la vía pública y no en las escaleras que pertenecen a la discoteca. En concreto, destacaron que el charco de sangre estaba en la rampa de acceso al club deportivo Helios.
La Policía dio con él por ser un ultra del Real Zaragoza
El responsable de la investigación policial señaló que en un primer momento solo sabían que el responsable pertenecía a un grupo ultra del Real Zaragoza, en concreto, de Ligallo. A partir de ahí, de los ficheros policiales y de cotejarlos con las imágenes de las cámaras de seguridad dieron con el responsable de la agresión al que detuvieron.
La acusación particular, ejercida por el letrado Pedro Roche, considera que la responsabilidad civil derivada de la agresión incumbe no solo al procesado, sino también a Ribera Dance S. L. (la sociedad titular de la sala de fiestas), a la empresa de seguridad (Producciones Inzapif 2018, representada por la abogada Marina Ons) y a sus correspondientes compañías aseguradoras. Reclama, en concepto de indemnización, 284.576 euros, más otros 4.000 euros por daño emergente de asistencia sanitaria futura, incrementada en un 20% por las lesiones y secuelas sufridas. El Gobierno de Aragón solicita, por su parte, el cobro de 90.000 euros que es el coste de la asistencia sanitaria de la víctima.
