Alberto Peiró es abogado y está al frente de la oficina de asesoramiento ante la okupación que puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza a principios de año tras la firma de un convenio con el Colegio de Abogados.
¿Puede decirse que en Zaragoza hay un problema de okupación?
El problema de la okupación no es principal ni en Zaragoza ni en la mayoría de las ciudades. Para el que le afecta, o sus vecinos, sí que lo es y muy grave, pero cuantitativamente hablando, no. Lo cierto es que dónde se produce y concentra implica una serie de problemas de convivencia e inseguridad en el entorno.
¿Sigue al alza o se ha estabilizado?
En los últimos cuatro años las denuncias por okupación ilegal han aumentado un 50% y el ritmo se mantiene, sigue creciendo. A nivel nacional se registran unas 16.000 denuncias anuales y hay unas 100.000 viviendas okupadas ilegalmente de las que unas tres cuartas partes son propiedad de inmobiliarias y bancos y el resto de particulares.
Esto a nivel nacional, ¿dónde queda Aragón?
Estaría en un nivel medio, de forma proporcional a la población. El problema se da fundamentalmente en Zaragoza, donde vive la inmensa mayoría y donde se registran la mayoría de las usurpaciones.
Durante el estado de alarma se suspendieron los desahucios. ¿Ha supuesto algún cambio?
Sí, porque los desalojos se han ralentizado y a quien más le afecta es a las víctimas, a los que tienen okupas en sus casas. Frenar los desahucios de aquellas familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad repercutió en los propietarios y lo que tendría que haber hecho el Gobierno era ofrecer alternativas habitacionales.
¿Se producen más casos de okupación de familias vulnerables o de carácter delictivo?
Está habiendo más okupaciones de carácter delictivo, bien para acceder a inmuebles y dedicarlos a actividades criminales y convertirlos en narcopisos o destinarlos a la prostitución, o bien para extorsionar a los propietarios a la hora de exigirles un dinero. Este fenómeno cada vez se ve más y también han proliferado los grupos criminales que se dedican a acceder a estos inmuebles y luego comerciar con otros okupas.
¿La okupación es un negocio?
Sí. Cuando es tan complicado atajar un fenómeno delictivo como la okupación ilegal es porque detrás hay intereses económicos y grupos criminales que se dedican a usurpar inmuebles que no les generen muchos problemas para comerciar con ese acceso.
También se venden pisos okupados.
En principio es legal y la obligación que tiene el propietario es informar del problema y advertir de que hay personas viviendo. El que lo compre tiene que asumir todo el proceso posterior, que suele ser largo. Desde luego lo que denota es que hay un problema y que tendría que atajarse.
¿Qué opina de las empresas que se dedican a desalojar viviendas?
El aumento de estas empresas denota, de nuevo, que hay un problema al que no se le está dando solución, ni desde le punto de vista jurídico para las personas que sufren la okupación, ni para los que no tienen una alternativa habitacional. En cuanto a los mecanismos que emplean, depende. Hay empresas que trabajan bien, que están correctamente asesoradas y que hacen una labor de mediación, pero hay otras que emplean otros métodos que no son del todo correctos. De todos modos, sustituir una labor que tendrían que hacer la Policía o los juzgados a través de empresas privadas lo que revela es que no se le está dando solución.
¿Qué falla en la ley?
Hay dos tipos de delitos. Por un lado el allanamiento de morada, es decir, que se produce la okupación de un inmueble que en ese momento es la vivienda habitual. No es lo habitual pero existe y en Zaragoza se produce sobre todo en los barrios rurales. Y, por el otro, el delito de usurpación que castiga ese acceso que se hace con una cierta vocación de permanencia en una vivienda que no es la habitual. Está configurado como delito leve y está aparejado a una pena de multa que suele quedar sin efecto porque afecta a personas insolventes. Desde el punto de vista penal es inefectiva porque además no computa, así que se genera una sensación de impunidad. Por ello, habría que regularlo como delito menos grave y pasar a un enjuiciamiento.
La oficina de asesoramiento ante la okupación ilegal ha atendido 122 casos en seis meses. ¿Dónde se concentran los problemas en la capital?
No es una situación preocupante en cuanto al número de denuncias, pero sí para quien le afecta y para sus vecinos. El Casco Histórico destaca claramente, seguido de Delicias, Las Fuentes y San José. Si comparamos los datos con otros socioeconómicos nos damos cuenta de que coinciden con barrios más envejecidos, con mayor degradación. No es casualidad y pone de relieve que el problema de la okupación ilegal afecta más las zonas más envejecidas, humildes y con más necesidades de apoyo socioeconómico.
El PSOE cuestionó el servicio de asesoramiento por el número de atenciones realizadas. ¿Qué le parece?
Para valorar hay saber con qué se está comparando y cuál era la expectativa de casos a atender. En diciembre, que es cuando se firmó el convenio entre el ayuntamiento y el Colegio de Abogados, había 110 casos de okupación detectados por parte del consistorio. Por lo que 122 asuntos atendidos es una cifra que está por encima de lo que cabría esperar. Lo que hacemos es ofrecer una vía para reconducir a los ciudadanos que llaman solicitando información.
