Nueva polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza por la licitación de un servicio público. El PSOE presentó este jueves un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) contra los nuevos pliegos de limpieza viaria y recogida de residuos aprobados recientemente por el consistorio. Los socialistas tienen «dudas jurídicas» sobre los mismos y piden, como medida cautelar, que se paralice el proceso de licitación del mayor contrato municipal. Desde el equipo de gobierno PP-Ciudadanos niegan la mayor porque cuenta con el expediente cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales y, «por primera vez» en estos trámites, del la Junta Consultiva de Contratación de la DGA y acusan al primer partido de la oposición de «ignorancia» en su argumentación de motivos.
La portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, ofreció una rueda de prensa por la mañana para explicar esta iniciativa y advertir que la licitación abierta conllevará una subida de la tasa de basuras. El contrato propuesto tiene un precio de 743 millones de euros para los próximo diez años, que podría ser ampliable hasta los 772 millones. Esto conlleva, aseguró, un «sobrecoste» del 30% respecto a la anterior licitación, de 2007. «Ese incremento se aplicará directamente a la factura de los ciudadanos sin que se recojan contraprestaciones del servicio», señaló. También que supone «hipotecar» el 10% de los presupuestos municipales de la próxima década.
La concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, compareció poco después para defender la pulcritud del proceso administrativo y negar rotundamente que vaya a producirse tal encarecimiento ya que el precio de licitación no determina la tasa, la cual "se calcula con otros mecanismos". Precisó además que el coste del contrato no se conocerá hasta que se adjudique, pero se mostró convencida de que «nos permitirá hacer mucho más por un precio similar». «Es bastante más barato en algunas de las cuestiones más leoninas del contrato anterior», agregó, al tiempo que acusó a Ranera de «demagogia» porque fue en la etapa del socialista Juan Alberto Bellocho cuando se encareció un 30% el recibo.
Los socialistas también pusieron el foco sobre la manera en que se ha dado luz verde al pliego, que ha sido con «agosticidad» y «alevosía», señalaron. Ocurrió el pasado 6 de agosto mediante un decreto firmado por la concejal de Hacienda, María Navarro, en lugar de hacerlo en la junta de gobierno que se reunió ese mismo día, que era el «órgano colegiado» para un contrato de esta magnitud, opinó Ranera. «Ha habido una falta absoluta de transparencia», concluyó.
Licitación sin lotes
La aprobación se produce ocho meses después de que haya caducada la última licitación. «Llega tarde y mal», reprochó al equipo de gobierno que lidera Jorge Azcón como alcalde, al que acusó de «incapacidad» para gestionar el segundo problema que más preocupa a los zaragozanos, según el barómetro municipal. «Les viene muy grande la ciudad», agregó.
La mayor controversia, a juicio de los socialistas, radica en que el contrato no se divide en lotes, lo que «no garantizan la libre concurrencia» y contradice «lo que siempre ha dicho» Natalia Chueca en las comisiones municipales. Ranera cree que esto contraviene la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y una directiva europea de 2014, por lo que se trata de una «excepción que habrá que justificar perfectamente» que haya un único adjudicatario, algo que además no ocurre en ningún otra gran ciudad de España.
Por su parte, Chueca defendió las bondades del nuevo pliego por contemplar «refuerzos» de personal y mejoras tecnológicas y medioambientales como la extensión a toda la ciudad de la recogida selectiva de basura orgánica. La concejala de Servicios Público llamó a la responsabilidad a los socialistas por ejercer una oposición «destructiva» que solo busca «bloquear» la acción de gobierno.
Sobre que la licitación no sea por lotes, Chueca dijo que es un modelo que cuenta con «aval jurídico» y que es «la mejor solución para la ciudad» porque permitirá abaratar costes por una razón de «economía de escala». Aseguró además que el contrato reducirá «el beneficio industrial y los gastos generales».
