Los abogados de los condenados en el caso de corrupción de La Muela adujeron ayer en Madrid, en la vista del recurso presentado ante el Tribunal Supremo, que la sentencia condenatoria debe ser anulada porque se produjeron «irregularidades» en las escuchas telefónicas que realizaron los investigadores a los sospechosos, en primer lugar la exalcaldesa de la localidad, Mariví Pinilla, que fue condenada a 16 años de cárcel y al pago de multas por valor de 8,4 millones de euros.
«No todas las escuchas que se realizaron fueron entregadas al juzgado de instrucción encargado del asunto, tal y como recogía la primera sentencia, de 2016, y posteriormente se ratificó en la de 2018», argumentó Santiago Palazón, letrado de Mariví Pinilla, que insistió en que «no hubo un control judicial estricto» del espionaje telefónico que se realizó a los acusados.
Estos eran, además de la exregidora de La Muela, el exconcejal Fernando Barba, el empresario Antonio Fando, el empresario Ignacio Unsain y los integrantes de Aranade David y Julio de Miguel, cuyos abogados presentaron igualmente sendos recursos ante el Alto Tribunal. En el caso de estos implicados, las condenas fueron menores que los de Pinilla y oscilaron entre los dos y los seis años de cárcel.
Derecho al secreto de las comunicaciones
Para Palazón, los supuestos fallos en las escuchas constituyen «un gravísimo incumplimiento del derecho fundamental que garantiza el secreto de las comunicaciones». Por ello, continuó el letrado, las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre los implicados «son nulas» desde el punto de vista de su uso como pruebas incriminatorias.
En esta línea, mantenida por todas las defensas «de forma unánime», se pide a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la absolución de todos los acusados.
El caso judicial de La Muela constituye el mayor ejemplo de corrupción urbanística en la comunidad aragonesa, con numerosas vulneraciones legales en las relaciones entre el ayuntamiento de la época y las empresas privadas.
