El caso de corrupción urbanística de La Muela llega hoy por fin al Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre si fue correcta la condena a la exalcaldesa Mariví Pinilla a 16 años de cárcel y al pago de 8,4 millones en concepto de multa en relación con una serie de delitos derivados de la corrupción urbanística en el municipio zaragozano.
Junto a la exregidora, otros condenados en la misma operación han recurrido igualmente, después de que el Alto Tribunal ordenara la repetición de uno de los juicios. Se trata del exconcejal Fernando Barba, del empresario Antonio Fando, del empresario Ignacio Unsain y los integrantes de Aranade David y Julio de Miguel.
El abogado de Pinilla, el letrado zaragozano Santiago Palazón, apoya el recurso en supuestas vulneraciones de varios artículos de la Constitución, lo que, a su juicio, afecta al principio de la presunción de inocencia. Asimismo alega que se le han prohibido varias pruebas que podrían haber cambiado el contenido de la sentencia condenatoria.
Palazón sostiene que las escuchas telefónicas y las investigaciones posteriores no se adaptan a la legalidad, por lo que considera que el fallo de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza no está debidamente fundamentado.
El caso La Muela u operación Molinos desveló una trama de corrupción en torno al urbanismo en la localidad zaragozana, una de las que registraban un más rápido crecimiento demográfico gracias a su cercanía a Zaragoza y a la instalación de industrias en su polígono.
La ganancia de grandes sumas de dinero derivó en una desaforada política de gasto municipal (como un palacio de congresos) que acabó provocando la ruina de las finanzas locales.
