El modelo de videovigilancia de El Gancho va a trasladarse a otras dos zonas de Zaragoza, destacando especialmente la calle Doctor Cerrada que va a perimetrarse con un sistema de última generación. En Oliver, la calle Antonio Leyva tendrá próximamente instaladas las dos cámaras previstas.
El ayuntamiento de la capital aragonesa da así respuesta a las protestas vecinales de falta de seguridad. En el entorno de la calle Eduardo Dato se va a realizar una prueba piloto que ya tiene la autorización de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, dependiente de Delegación del Gobierno en Aragón.
Durante los últimos meses el consistorio ha estado trabajando en la definición del proyecto con la misma premisa que en la zona de San Pablo y Pignatelli: respeto a los derechos de la ciudadanía de acuerdo a los principios de idoneidad e intervención mínima que establece la ley.
En total se instalarán 12 cámaras con última tecnología que ayudarán en la investigación sobre posibles sospechosos a partir de los datos que capten del movimiento de objetos, personas o vehículos y que se utilizarán siempre por orden judicial o de Policía judicial. Esos datos estarán anonimizados en todo momento para garantizar el respeto a la privacidad. No tomarán tampoco ni imágenes ni sonidos del interior de las viviendas ni los vestíbulos de edificios.
Este proyecto piloto se enmarca en la colaboración que la Policía Local y el Ayuntamiento de Zaragoza mantienen con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la judicatura en materia de Seguridad Ciudadana. Se va a implantar en las calles Dato, Princesa, Fita, Ricla y parte de Cortes de Aragón y la propia Doctor Cerrada y las cámaras estarán instaladas en puntos estratégicos. En estos momentos el contrato para su instalación está en tramitación y saldrá próximamente a licitación.
Una medida de seguridad que parte después de que la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuviera que reforzar la seguridad tras los robos violentos y las agresiones LGTBI ocurridas a finales del pasado año.
Pero la reclamación vecinal de mejorar la seguridad en la zona se remonta a años atrás y se intensificó cuando hubo que lamentar el asesinato de Sami Hamidi de un corte con un machete en la femoral y que se atribuyó la banda latina Dominican Dont Play (DDP). Fue en 2018 en la calle Princesa. La degradación vino, según los residentes, con la supresión del toque de queda. No habían transcurrido ni dos semanas cuando en la paralela calle Dato, donde conviven establecimientos para público principalmente latino y africano, se produjo la muerte de un joven en las puertas de un bar. Fue el caso más grave de un sinfín de peleas y robos violentos registrados allí y muy especialmente en Fita, una vía hasta la fecha frecuentada principalmente por personas pertenecientes al colectivo LGTBI, aunque en la actualidad está por menores que realizan allí botellón y que incluso montan fiestas paralelas a los bares con sillas y altavoces con música a todo volumen. De hecho, en aquel momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llegaron a identificara los 25 implicados en este problema.
En cuanto a las cámaras en la calle Antonio Leyva, en Oliver, se instalarán dos. Están en tramitación su colocación y las ubicaciones se han trabajado en el seno de la junta de distrito y cuenta con el apoyo de las asociaciones vecinales. En estos momentos se están ultimando los informes necesarios y el siguiente paso será solicitar la autorización de la Comisión de Garantías de Videovigilancia.
Hasta la puesta en marcha en El Gancho, la capital aragonesa contaba con 13 cámaras destinadas a proteger edificios y monumentos como el del Justicia, en la plaza Aragón o el Alma del Ebro junto al palacio de Congreso de la Expo, así como otras 70 que gestiona la Policía Local y que van encaminadas a la movilidad del tráfico. La novedad es que se suma a otras ciudades españolas como Madrid, Málaga o Barcelona, pero también aragonesas que las han incorporado como arma contra la delincuencia.
Huesca y Ejea de los Caballeros, con 53.000 y 16.000 habitantes, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son las ciudades que más cámaras tienen desplegadas. Ambas localidades cuentan con una Policía Local que gestiona las imágenes, si bien el cambio vino en el 2019 cuando la Delegación del Gobierno en Aragón creó un marco jurídico para dar cabida a las solicitudes de los municipios carentes de cuerpos policiales propios. Fue de la mano de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. De esta forma se reforzaba la vigilancia en el medio rural, lugar en el que es competente la Guardia Civil, cuya falta de efectivos ha sido reiteradamente denunciada por las asociaciones profesionales. Ricla y Los Fayos fueron las primeras en recibir el visto bueno e instalar entre ambas 18 cámaras.
