Es ya casi una tradición desde hace algunos años: el interventor de las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a pedir los partidos políticos municipales que se pongan de acuerdo para desarrollar una normativa que establezca reglas claras sobre las aportaciones que se hacen por parte del consistorio a los grupos y el dinero sobrante que les queda al final de cada ejercicio. En su último informe, fechado el 17 de octubre de 2022, insiste en esta misma idea, si bien descarta que en el año anterior se haya producido alguna irregularidad o ilegalidad.

El interventor general es el alto cargo del ayuntamiento que se encarga de fiscalizar las cuentas municipales y de confirmar que todas las operaciones con cargo al presupuesto se hacen de manera correcta y con arreglo a la ley. Anualmente, elabora un informe sobre cómo gastan el dinero que perciben del consistorio los partidos políticos municipales para su poder funcionar. Tras el análisis, emite una serie de recomendaciones, aunque dada su insistencia a lo largo del tiempo puede considerarse que no le hacen mucho caso.

Ya en años anteriores, el interventor ha recomendado en varias ocasiones establecer unas normas que marquen cómo y cuándo los partidos deben devolver el remanente que les sobra de las subvenciones que reciben por parte del ayuntamiento. El dinero que gastan lo deben justificar, si bien no está claro, puesto que no está regulado, qué debe hacerse con el dinero que sobra y que, dada la falta de claridad, podría destinarse a un fin distinto al permitido. 

No obstante, el informe del interventor es claro: no detecta ningún tipo de irregularidad ni malas prácticas, pero subraya que ya en abril de este año el pleno del ayuntamiento aprobó una moción propuesta por ZeC en el sentido de «desarrollar un régimen jurídico de las aportaciones económicas a los grupos municipales, fijando criterios y garantizando que las posibles aportaciones a los partidos políticos vayan destinados a la finalidad para la que fueron concebidas». Ahora pide cumplir con aquel acuerdo que obtuvo el apoyo de todos los grupos pero que sigue en los cajones de los despachos de la plaza del Pilar. 

«Como se ha indicado en informes de control anteriores, esta decisión (la de crear una régimen jurídico para las aportaciones) sería conveniente adoptarla de forma unánime a través de la junta de portavoces», dice el interventor en su informe, que pone el foco en que se aclare «el criterio a mantener respecto de los remanentes (el dinero sobrante al final de cada año) y su devolución, fijando los plazos al efecto, estableciendo la liquidación bien de forma anual, o si así se estima, a la finalización del mandato de la corporación».

El dinero que llega a los grupos

Durante el 2021, los seis partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza (PSOE, PP, Cs, ZeC, Podemos y Vox) recibieron de las arcas municipales 550.996,64 euros en total. Las aportaciones tienen carácter de subvención, si bien no ha de aplicarse la misma normativa que cuando se concede una asignación a una entidad de carácter social.

El dinero debe servir para sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos municipales, como los viajes, comidas, papelería o asesoramientos y consultas jurídicas. Los partidos, eso sí, no pueden destinar las aportaciones «al pago de remuneraciones de personal al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial». Sí que se pueden contratar, con estas cuantías, personas que trabajen solo para cada grupo municipal en concreto.

Esto es lo que establecen las bases de ejecución del presupuesto general municipal, que junto a la ley reguladora de las bases de régimen local y al reglamento orgánico del consistorio son las únicas piezas legislativas que regulan el uso y la concesión de estas aportaciones a los partidos, si bien solo lo hacen de pasada.

Según está establecido, los partidos reciben más o menos dinero en función del número de personas que conforman el grupo municipal y también de si deciden contratar ellos mismos a sus asesores y empleados o si prefieren que sea el consistorio el que pague las nóminas directamente. Esta es la opción mayoritaria y por la que optan el PSOE, Cs, ZeC y Podemos.

El PP, el que más recibe

En su informe, el interventor analiza las cuentas de cada grupo municipal. El que más dinero recibe, puesto que paga directamente a sus empleados, es el PP, al que se le transfirieron en 2021 270.857 euros.

No obstante, el PP gastó 39.014 euros más tirando de recursos propios y transfirió a la cuenta general de su partido un total de 47.935,08 euros.

Esta práctica es habitual y el PSOE también recurre a ello. Desde los grupos municipales pagan dinero al partido que los sustenta a cambio de servicios e infraestructuras, asesoramiento y consultoría, entre otras cuestiones. No es ilegal, pero ante la posibilidad de que se trate de una forma fraudulenta de financiación de los partidos, el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado en el sentido de que estos traspasos de los grupos a los partidos se destinen a la finalidad para la que se concede la subvención.

El grupo municipal socialista recibió en 2021 92.680 euros y gastó, al igual que el PP, más dinero: 115.763 euros. Transfirió a la cuenta bancaria del PSOE 67.000 euros.

Por su parte, a Ciudadanos le llegaron 63.219 euros, de los que gastó 58.337 euros, quedando 4.882,32 de remanente. «Teniendo en cuenta –reza el informe del interventor– que los remanentes de los ejercicios de 2019 y 2020 que resultaron de 19.497,81 euros y 16.989,99 euros respectivamente, el remanente total acumulado en el ejercicio de 2021 del grupo municipal de Cs es de 41.370,12 euros». Para estas cantidades sobrantes es para las que el interventor exige que se cree un régimen jurídico que permita su devolución.

ZeC es la formación que más ajustó ingresos y gastos. Recibió del consistorio 41.127 euros y gastó 41.123. Podemos, por su parte, se dejó en 2021 39.335 euros, 5.577 más de los que percibió (33.757 €).

Por último, Vox solo gastó 27.622 euros de los 49.358 que ingresó. Si se suman los remanentes de los dos años anteriores, la formación de la ultraderecha, que ha pedido que se reduzcan estas cuantías, acumula ya 92.570,17 euros de remanente.