La Justicia avala la demolición del antiguo convento de Jerusalén de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que autorizar el derribo del antiguo convento de Santa María de Jerusalén, vacío desde el 2014 tras la marcha de las últimas cinco monjas de la congregación, y vendido a la firma inversora, Bancalé, de Juan Fabre. Ubicado en el número 10 del paseo Isabel la Católica, el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza concluye que el consistorio actuó «de mala fe» «y de forma deliberada» retrasando la tramitación de la licencia de demolición ya que fue a partir de su registro cuando inició los estudios previos a la protección de este inmueble y evitar así su desaparición. Según el juez, el ayuntamiento no tenía motivos para denegar este permiso, solicitado en mayo de 2019, y le condena a pagar 4.000 euros en costas (sin IVA).

Juan Fabre, a través de su empresa Enta Properties, adquirió «por unos seis millones» este antiguo convento con el propósito de construir una residente de mayores y un centro de formación para Médicos internos residentes (MIR). Un objetivo que mantiene a día de hoy, según ha confirmado Fabre a este periódico. «Tras las sentencia partimos de cero, pero siempre nos ha encajado hacer una residencia para la tercera edad», ha explicado. 

Un derribo pendiente desde 2019

El origen de la polémica se remonta a 2019, cuando Fabre adquirió los terrenos y solicitó la licencia de derribo y urbanización. El anterior responsable de Urbanismo, el concejal de ZeC Pablo Muñoz, encargó un informe a una arquitecta de su área que puso de relieve la posibilidad de otorgar algún tipo de protección o catalogación a este inmueble para impedir su demolición. Este documento se firmó el 28 de mayo, días después de las elecciones municipales.

Según explica el magistrado, en este expediente «solo» se planteó la posibilidad de proceder a la catalogación del edificio, nada más, por lo que no había razones suficientes para aprobar la suspensión del procedimiento, aunque fuera de forma provisional. 

Cuando Víctor Serrano asumió la concejalía de Urbanismo encargó un segundo informe, pero esta vez a la Comisión Municipal de Patrimonio, que concluía que no debía catalogarse el antiguo convento. Se emitió el 14 de abril de 2021 y, aunque dejaba sin efecto la suspensión aprobada un año antes, no se elevó a la Comisión de Patrimonio de la DGA hasta principios de 2022 que, por otro lado, respondió que no era el órgano competente para decidir al respecto. 

Sin protección

En su fallo, el juez señala que ni el ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón decidieron proteger el antiguo convento, la única vía posible para evitar que Fabre desistiera de sus planes y llevase a cabo un proyecto «con enorme envergadura económica», recalca en su escrito, para una parcela de 9.296 metros cuadrados con una superficie edificable de 13.760 metros cuadrados. 

Para el magistrado, está clara la maniobra municipal y considera que «resulta constatado el notorio retraso en la tramitación de los expedientes para la obtención de las licencias instadas por Enta Properties». Acusa a la casa consistorial de haber actuación «con una notoria lentitud» y con una «evidente falta de agilidad». Una praxis que para la parte demandante se traduce en «abuso y desviación de poder», lo que, alega, le ha generado «graves daños y perjuicios económicos». Es por ello, por lo que deja abierta la vía administrativa y jurisdiccional para reclamar una indemnización por daños y perjuicios. 

¿Y ahora qué? El ayuntamiento podría recurrir el fallo pero, si no lo hace, tendrá que aprobar la licencia de derribo. Otra cosa será la urbanística y de apertura del centro de mayores, ya que en este caso, el juez no ve motivos para proceder a su otorgamiento.

El alcalde, Jorge Azcón, que ha dicho que los servicios jurídicos estaban estudiando el fallo, ha admitido que hay que dar una solución urbanística a esta parcela.

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