La Justicia da la razón al ayuntamiento y responsabiliza a Índigo del hundimiento parcial de la plaza Salamero

La Justicia le ha dado la razón al Ayuntamiento de Zaragoza y ha responsabilizado a la empresa que se encarga de la explotación del parking de Salamero, Índigo, del hundimiento de parte de la gigantesca losa que el consistorio ha tenido que rehacer. Según la magistrada, "el colapso se encuentra en la armadura, lo que constituye un defecto constructivo de naturaleza estructural" que acometió la empresa que se encargó de las obras y descarta que el fallo en uno de los pilares se deba a un problema de conservación y mantenimiento, como alegaba la contrata.

Fue el 28 de enero de 2020 cuando el ayuntamiento decidió cerrar el aparcamiento después de que se detectase un "abombamiento" de parte de techo de la primera planta, por lo que los técnicos municipales recomendaron que se limitase el acceso al parking por seguridad y que se apuntalara la parte afectada.

Índigo, de conformidad con el consistorio, encargó un informe pericial a Ensaya que concluía que la causa de lo sucedido fue “la sobrecarga sobre la losa” derivada del peso de los parterres y los árboles que lucían antiguamente en la plaza. Este peritaje, tal y como admitieron en el juicio los peritos, se centró en el análisis concreto del pilar afectado, que tenía un “coeficiente de seguridad 1”, lo que implicaba que la losa podía hundirse en cualquier momento, pero no en la “generalidad de la losa”.

Para la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, el hecho de que se centraran exclusivamente en el punto afectado es clave, ya que el informe que posteriormente encargó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, a Intemac se analizó el estado de toda la superficie.

Un defecto en la estructura

Los peritos de Intemac descartaron la sobrecarga como causa del hundimiento, al constatar que existía “un defecto estructural” cuyo origen se encuentra en la construcción del aparcamiento que ejecutó la Sociedad Estacionamiento Zaragozanos en los años 70, ahora Índigo.

En el documento relatan que el proyecto de construcción preveía un refuerzo de la estructura “para resistir el punzamiento en los pilares”, motivo por el que cedió el pilar. Según explican, hubo un fallo generalizado de la armadura porque la colocación de este elemento no se hizo correctamente, lo que provocó que su capacidad de resistencia. Así, concluyen que “su defecto de colocación e, incluso, en algunos casos su inexistencia, causaba un riesgo inadmisible”, lo que motivó la declaración de ruina por parte del ayuntamiento.

Añaden en su informe que si las armaduras hubieran estado bien colocadas, habrían soportado el peso extra de la tierra colocada en los parterres de la plaza que, matizan, se contemplaba en el proyecto, algo que niegan desde Ensaya.

La jueza recalca en su sentencia que el informe de Intemac, que analiza la totalidad de la superficie, aporta información "exhaustiva, perfectamente razonada, coherente, sin fisuras y basada en pruebas directas en inmediatas" sobre el origen del hundimiento, que achaca a un problema en origen, en su construcción.

Es por ello por lo que concluye que el ayuntamiento "resulta ajeno a dicha construcción y a sus vicios, en este caso claramente ocultos" y por tanto, considera que "ni la recepción de la obra, sin salvedades, ni ninguna otra cuestión, responsabilizan al consistorio del incidente.

La indemnización

Una decisión que le lleva a rechazar la petición de Índigo, que recurrió el decreto municipal del 12 de julio de 2021 por el que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjudicial sufridos por el hundimiento. En concreto, la concesionaria exigía 2.236.007 euros en concepto de indemnización, una cantidad que se calculó provisionalmente a fecha 22 de diciembre de 2021.

En su alegación, Índigo defendía que existía “una evidente relación de causalidad entre los perjuicios sufridos y la actuación municipal” que achacaba a la “falta de conservación adecuada de la plaza” que, considera, es atribuible al ayuntamiento “en la medida que ha tolerado, e incluso, incentivado la sobrecarga que soportaba la losa.

Añadía en su recurso que, por el hecho de que el ayuntamiento hubiera recepcionado hace años la obra, de existir defectos constructivos, le serían imputables al consistorio, algo que también rechaza la jueza.

La sentencia, que puede ser recurrida, evitará que el ayuntamiento tenga que abonar a la concesionaria los 3,5 millones (2,2 en concepto de indemnización más intereses) que le reclamaba por los daños materiales ocasionados por el hundimiento parcial y la pérdida de facturación desde 2020. Además, el consistorio podrá exigirle cerca de 2 millones de euros por las actuaciones de urgencia acometidas en la plaza.