La mitad de los controles a coches con licencia VTC en Zaragoza acaba en denuncia

Hace ya casi cuatro años que los taxis de Zaragoza compiten con multinacionales de VTC. La primera compañía que desembarcó en la capital aragonesa fue Cabify, el 4 de marzo de 2020, justo antes de que irrumpiera la pandemia de covid. El pasado mes de octubre llegó Uber, ampliando así la oferta, pero el aumento de este tipo de servicios también se ha notado en el número de denuncias registradas a VTC: de 2022 a 2023 casi se han triplicado.

Según datos de la Policía Local de Zaragoza, en 2022 se pusieron más de 80 denuncias habiéndose controlado más de 200 vehículos VTC. En 2023, sin embargo, el número de propuestas de sanción ascendió hasta las 225, según los últimos datos disponibles, tras haberse efectuado más de 450 controles.

Con los datos sobre la mesa llama la atención la gran cantidad de controles a este tipo de vehículos que acaban en denuncia y es que en el presente año, el 50% de las inspecciones acabó en propuestas de sanción por infringir alguno de los puntos de la normativa que regulan este sector.

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Aunque sea la Policía Local de Zaragoza la encargada de vigilar el trabajo de los VTC, no todas las propuestas de sanción las tramita el ayuntamiento. Es más, la mayoría corresponden a la DGA, cuyos técnicos se encargan de establecer las sanciones y las multas. En 2022, de las más de 80 denuncias que se pusieron, 47 fueron enviadas para su tramitación al Gobierno de Aragón. Y este año fueron 185 de las 225.

Depende de qué incumplimiento se trate es una administración u otra la que se encarga de recibir las denuncias de la policía. De la DGA dependen infracciones como el carecer de la autorización de transportes autonómica para poder operar como VTC; la no comunicación de los servicios a través de una aplicación de ámbito estatal donde los conductores tienen que registrar todos sus viajes; la captación irregular de clientes; no ejercer la actividad en el ámbito territorial permitido; y no llevar los distintivos correspondientes. El consistorio tramita las denuncias que tengan que ver con la carencia de licencia municipal y con otras infracciones administrativas relacionadas con la normativa de tráfico.

Las normas para las empresas de VTC

Durante el presente año se han realizado campañas conjuntas de control entre la Policía Local y los técnicos del Gobierno de Aragón. En Pilares, por ejemplo, se llevó a cabo una inspección conjunta que supuso un total de 41 vehículos controlados y ocho boletines de denuncia.

El sector del taxi, siempre vigilante de su competencia, ha denunciado desde que las VTC llegaron a Zaragoza que estos vehículos incumplen las normas impuestas a este tipo de servicios. Es habitual, critican, que los coches de Cabify y Uber circulen por el carril reservado a los buses y los taxis, cuando no podrían hacerlo. Tampoco respetan el tiempo mínimo de 15 minutos que tiene que pasar entre la reserva del servicio y la recogida del cliente.

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Pero esos son solo algunos de los aspectos que se inspeccionan en estos controles, según explican fuentes de la consejería de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón. Además se revisa que los coches tengan autorización de VTC domiciliada en el lugar que esté el permiso de circulación y se verifica que tenga, en función del régimen al que esté acogido (dentro de la prórroga concedida por el decreto Ábalos o ya sujeto al régimen vigente), autorización interurbana y urbana.

En este sentido, si no tienen licencia urbana, sólo podrán realizar trayectos interurbanos. Si ya no están acogidos a la prórroga temporal del decreto Ábalos, el servicio debe iniciarse en la comunidad autónoma donde tengan domiciliada la autorización. Además, tienen que tener permiso de circulación, visado, comunicar cada servicio en el registro de VTC, no pueden circular captando clientes y deben regresar a su base cada vez que terminan un servicio.

Las sanciones por incumplir alguna de estas exigencias van desde los 1.001 euros hasta los 4.001€.