Los taxistas de Zaragoza piden vigilar a Uber ante el caos regulatorio de las VTC

La noticia de la llegada de Uber a Zaragoza, que adelantó este periódico, no ha gustado a los taxistas. El presidente de la asociación provincial del sector, Miguel Ángel Perdiguero, pidió ayer mismo que se investigue el origen de las licencias de VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) con las que operará esta multinacional en la capital aragonesa, puesto que no forman parte del total de 59 permisos que tiene el ayuntamiento concedidos, algo que confirmó la propia directora general de Uber España en una entrevista con este diario.

Ante este hecho, Perdiguero exigió que se aclare si las licencias con las que va a funcionar Uber en Zaragoza están avaladas «por la transitoriedad del decreto Ábalos», y es en este punto donde la regulación de los servicios de VTC en España en general y en Aragón en particular se enrevesa hasta el nivel de ser difícilmente interpretable por las propias administraciones.

En el año 2018, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos (PSOE), impulsó un decreto ley –al que se le conoce popularmente como decreto Ábalos– que cedía a las comunidades autónomas las competencias para regular los VTC. Esta normativa, además, daba cuatro años de gracia a los poseedores de una de estas licencias para poder seguir operando con respecto a la legislación anterior.

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En 2019, el consejero del Gobierno de AragónJosé Luis Soro impulsó el decreto autonómico, que estableció una serie de normas para el funcionamiento de los VTC, como la obligatoriedad de contar con una licencia municipal para trabajar en entornos urbanos, la imposibilidad de captar clientes a pie de calle y el establecimiento de un tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación de un servicio y el momento de la recogida.

Esta norma entró en vigor en 2022 al decaer la transitoriedad del decreto Ávalos, si bien por el camino la Justicia obligó en 2020 a tramitar y conceder otras 80 licencias de VTC que, según Perdiguero, perderán su vigencia en octubre de 2024 atendiendo a ese lapso de cuatro años que estableció el decreto Ábalos.

Lío para la propia Administración

Así, todo apunta a que Uber está funcionando con alguna de estas 80 licencias concedidas hace tres años, si bien la multinacional no es la propietaria de los permisos, sino los autónomos y empresas que trabajan a través de Uber.

Y para complicar más aún todo este intrincado entramado legal, por el camino ha habido sentencias de tribunales tanto españoles como europeos que se han pronunciado a veces a favor y otras en contra de todas estas limitaciones que afectan a los VTC. Fuentes consultadas confirman que toda esta falta de claridad hacen «muy difícil» a las administraciones tener un criterio fijo.

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Según los datos de la consejería de Movilidad del Gobierno de Aragón, en la comunidad existen un total de 211 licencias concedidas para VTC. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido 59 para poder operar dentro del término municipal, un requisito que marcó el decreto autonómico de 2019.

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, con el presidente de la Asociación de Autotaxis a su lado, afirmó que el consistorio no tiene herramientas para actuar «ni a favor ni en contra» de la llegada de más empresas de VTC a la ciudad.

55.000 vs. cero euros

Gaudes explicó que el ayuntamiento se atiene a la norma «1/30», que establece que solo puede concederse una licencia de VTC por cada 30 de taxis. De ahí los 59 permisos de vehículos con conductor que operan en Zaragoza frente a las 1.777 licencias de taxistas.

Perdiguero, no obstante, se mostró ayer confiado en que la llegada de Uber no supondrá una merma de ingresos ni clientes para los taxistas. «Estamos dispuestos a competir, pero en igualdad», afirmó. Y una de las cuestiones que consideran injustas es que, mientras que una licencia de taxi en Zaragoza cuesta en estos momentos unos 55.000 euros, una de VTC no cuesta nada. Eso sí, según ha comprobado este diario, en internet hay propietarios de estos permisos que las venden por 25.000 euros.

Sobre la posibilidad que ofrece Uber a los taxistas de trabajar a través de su aplicación, Perdiguero dijo que «no tiene sentido» porque es quitarse una parte de la facturación. «Habrá algún tonto que lo hará», avanzó, pero serán los menos.

El presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi también avanzó que se pondrá en contacto con la jefatura de la Policía Local en Zaragoza para pedir inspeccionar la labor de los VTC en la capital aragonesa. «No han cumplido la ley en ningún lado», afirmó Perdiguero.

Pero lo cierto es que la Policía Local ya realiza controles a los VTC en Zaragoza. Solo durante las Fiestas del Pilar se inspeccionaron 12 vehículos en circulación y a la mitad (seis) se les pusieron denuncias.